Los casos de corrupción que afronta 2016

El juicio por el caso Nóos comienza el próximo día 11. Por primera vez, una Infanta de España, Doña Cristina, se sentará en el banquillo de los acusados, aunque la principal incógnita está en si la Audiencia de Palma aplicará la doctrina Botín -en cuyo caso su presencia en el proceso se limitaría a lo que se prolonguen las cuestiones previas-, o bien insiste en juzgarla como cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales atribuidos a su marido, Iñaki Urdangarín. Esta tesis última solo es defendida por la acusación popular que ejerce Manos Limpias, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrpción y la Abogacía del Estado que, no hay que olvidarlo, es acusación particular.

Más allá de eso, todas las duentes jurídicas consultadas pr ABC coinciden en que el horizonte penal de Urdangarín, y el de su exsocio en el Instituto Nóos Diego Torres, es más que comprometido. Y ello porque el fiscal Pedro Horrach, que ha sido quien ha diseñado y ejecutado la investigación desde el primer momento, tiene ya cinco acuerdos de conformidad con imputados clave que pondrán contra las cuerdas a los dos principales implicados.

Como ya informó ABC, las defensas de Urdangarín y Torres han sondeado en las últimas semanas la posibilidad de llegar ellos también a acuerdos con el fiscal, que pasarían por el reconocimiento de la culpa, su ingreso en prisión -al marido de la Infanta el ministerio público le pediría nueve años, y ocho a Torres- y el pago de los más de seis millones de euros que habrían cobrado de forma ilícita de las administraciones públicas.

A pesar de esa petición de condena, las defensas aún podrían pelear por conseguir una rebaja de la pena dado las dilaciones del procedimiento, en especial a causa de la investigación de más de un año a la que fue sometida Doña Cristina.

El que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) afronta 2015 con tres causas abiertas en su contra: la salida a Bolsa de Bankia, el uso de las tarjetas black y la gestión de su patrimonio personal.

El caso más avanzado es el de las tarjetas opacas . El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu sentará en el banquillo a Rodrido Rato, Miguel Blesa y otras 64 personas por gastar más de 15 millones de euros sin pasar por Hacienda. Algunos, como Rato, han devuelto el dinero, pero eso no les evitará el juicio, cuyo señalamiento está pendiente de confirmar la fecha.

Mientras, el exvicepresidente del Gobierno está siendo investigado por el mismo el juez en lo que se refiere a las irregularidades cometidas en la creación y salida a Bolsa de Bankia . Está imputado junto a otros 32 exconsejeros. La causa continúa en fase de investigación, entre diagnósticos de expertos, a pesar de que los peritos del juez concluyeron que Bankia saltó al parqué con las cuentas maquilladas.

El tercer frente que tiene abierto Rodrigo Rato no está en la Audiencia nacional, sino en los juzgados de Plaza de Castilla, donde le investigan por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares cometidos presuntamente con su grupo de empresas familiares.

Jordi Pujol, Marta Ferrusola y sus siete hijos, todos sin excepción, están siendo investigados en varios tribunales. El año 2015 terminó con un demoledor auto del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el que imputaba al expresidente de la Generalitat y a su esposa en la causa que investiga las comisiones que cobraba su primogénito.

Jordi Pujol y Marta Ferrusola tendrán que declarar en el Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional el próximo 10 de febrero. Lo harán en condición de investigados, la nueva denominación del imputado que ha fijado la Ley de Enjuiciamiento criminal. El juez de la mata sostiene que Pujol y su esposa se beneficiarion en Andorra de fondos de «origen presuntamente criminal». El magistrado retrató a la familia como una «organización» que se dedicaba al cobro de comisiones para blanquearlas y repartírselas entre todos los integrantes de la familia.

La figura primordial era Jordi Pujol Ferrusola, el encargado de cobrar las comisiones y repartirlas. Las empresas que manejaba junto a su mujer, Mercè Gironés, facturaron más de 11 millones de euros a sociedades contratistas de obra público en concepto de asesorías que el juez considera ficticias. El primogénito volverá a declarar ante el juez un día después de la citación de sus padres. En la misma pieza están imputados Pere y Josep Pujol Ferrusola. Mientras, los negocios de Oleguer los investiga el Juzgado uno de la Audiencia. Por otro lado, Oriol Pujol, el vástago que siguió los pasos de la política, será juzgado por su participación en el caso de las ITV .

La trama del 3% funcionaba como un «grupo criminal» en los que cada implicado -entidades públicas, empresas, CatDem y Convergència Democrática de Catalunya (CDC), con el tesorero de esta formación Andreu Viloca en el centro- jugaba un rol determinado para conseguir los objetivos buscados: en unos casos la adjudicación de obra pública y en otros la de financiar al partido de Artur Mas.

La investigación hace tambalearse los cimientos del «régimen nacionalista» que durante décadas ha gobernado Cataluña. Porque esta vez es el propio funcionamiento de la administración y del partido que la dirige los sospechosos de diseñar una estrategia en beneficio propio; es decir, sería una corrupción sistémica.

El planteamiento de la investigación puede resumirse de forma gráfica en un cuadrado en cuyo centro geométrico estaría Andreu Viloca. En el vértice superior derecho estarían las entidades públicas, que son las que ofertan la obra pública, por las que compiten las empresas, que se situarían en el vértice inferior derecho. En el proceso para hacer esas adjudicaciones es cuando surgen los delitos.

El exsecretario general del PP de Madrid y exnúmero tres del Gobierno de Esperanza Aguirre es el líder de la trama Púnica y el único que ha comenzado 2016 en prisión. También permanecía encarcelado su amigo de la infancia y número dos de la causa David Marjaliza, pero este fue puesto en libertad bajo fianza de 100.000 euros el pasado 30 de diciembre, debido fundamentalmente a que ha decidido tirar de la manta y colaborar con la investigación.

Granados está encarcelado desde que el 27 de octubre de 2014 el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenara la detención de 51 políticos, funcionarios y empresarios que formaban una trama corrupta para la adjudicación de suelo y contratos de servicios públicos.Además del exlíder popular, cayeron seis alcaldes madrileños, un alto cargo del Gobierno murciano, un exalcalde de Cartagena y el presidente de la Diputación de León. Es una investigación titánica en la que el juicio aún no se vislumbra. Queda mucho trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y de la Guardia Civil para terminar de desenmarañar la madeja que urdió Granados.

Tanto las piezas principales del caso Gürtel (dividido en dos épocas) como la separada más mediática de todas, la de los papeles de Bárcenas, están preparadas para juicio, pero el atasco que sufre la Audiencia Nacional podría suponer que los acusados no se sienten en el banquillo hasta el año 2017.

La Fiscalía pide cinco años de prisión para los extesores del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta por sus manejos con la caja B del partido. El juez Ruz también cerró la instrucción de las piezas principales antes del dejar la Audiencia Nacional . El caso, que estalló en febrero de 2009, se llevó por delante al líder de la trama, Francisco Correa, y a decenas de empresarios y políticos.

El contenido de una grabación sobre Mercasevilla desvelada por ABC dio origen al caso, una enorme bolsa de fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo subvencionados por la Junta de Andalucía que incluían a prejubilados que nunca trabajaron en las empresas beneficiarias.

El Gobierno de la Junta presidido por Manuel Chaves y luego por José Antonio Griñán reservó entre 2001 a 2011 una partida de 721 millones de euros para ayudas a regulaciones de empleo que fueron gestionados sin control por la Dirección General del Empleo a través de organismos de la Administración paralela. El Supremo cree que ambos exmandatarios cometieron un delito de prevaricación administrativa.