El caso que defenestró a Oriol Pujol, ante un jurado popular

A medida que avanzaba la instrucción del caso, el único hijo del expresidente de la Generalitat que quiso hacer carrera en política se vio forzado a abandonarla; renunció a los cargos del partido y su acta de diputado. Dejó de ser aforado, por lo que el caso ha pasado de un juzgado ordinario al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, de nuevo, a un juzgado ordinario. Ahora, el hijo de Pujol aguarda fecha para un juicio que se hará con un jurado popular por una causa en la que también está imputada su esposa, Anna Vidal .

A Oriol Pujol se le imputan dos cargos de cohecho (soborno) y uno de tráfico de influencias . De entrada, se le acusó de recibir 30.000 euros por parte de uno de los empresarios propietarios de estaciones de inspección técnicas de vehículos (ITV), Ricard Puignou, a cambio de mediar a favor de sus intereses durante la tramitación en el Parlamento catalán de una ley que regulaba este sector. Posteriormente, la investigación hizo aflorar que su esposa, Anna Vidal, llegó a cobrar unos 700.000 euros del empresario amigo Sergi Alsina -también imputado- para ayudarle en varios trabajos de asesoría que éste hizo. Como en las deslocalizaciones de las multinacionales Sharp, Sony, Sony Yamaha.

El fiscal consideró que los trabajos de Vidal no eran reales, o burdas copias de internet, y servían para recompensar las gestiones políticas de Oriol Pujol en estas operaciones.

Finalmente, el pasado junio la juez que instruye el caso abrió una nueva línea de investigación sobre el caso que salpica de nuevo a la esposa de Oriol Pujol y a la de David Madí , exsecretario de comunicación de CDC y de la Generalitat, Sandra B..

La juez, a petición de Fiscalía, investiga si ambas cobraron hasta 105.560 euros por trabajos supuestamente ficticios de Oriol Carbó, productor televisivo cuyos ingresos proviene en su mayoría de la sociedad Triacom, que a su vez se nutre principalmente de la Corporación Catalana de Medios Audivisuales (CCMA), el ente público que administra la televisión y radio autonómicas catalanas. La juez ya ha pedido a la CCMA los contratos y facturas que tiene con la productora Triacom.