Una nota confiscada a un empresario: «El conseguidor, Oriol Pujol»

Por lo demás, los registros se realizaron sin incidencias significativas –en el de Convergència se utilizaron perros adiestrados en la búsqueda de dinero–, y se intervino abundante documentación. Especial atención mereció el ordenador del tesorero, Andreu Viloca , ya que en él los investigadores encontraron el 28 de agosto un documento clave que ha servido como base a «Petrum III»: el archivo con la extensión «doc» (de documento) llamado «Empresas», que contiene una lista de veintinco nombres, los de las constructoras y compañías que año tras año se han beneficiado de la adjudicación pública licitada por las administraciones controladas por CDC . Son las que han pagado sobornos a esta formación a cambio de recibir contratos, según la investigación.

Esos sobornos, bautizados con el famoso 3 por ciento, no coinciden con esa cifra en todos los casos. «Algunos son menores y otros muy superiores (hasta el 10 por ciento del valor de la obra). Hemos detectado además pagos en bloque. Por ejemplo, se paga la comisión por dos obras distintas o por una y media de una sola vez», explican fuentes de la investigación. «Puede ser una maniobra de despiste, para dificultar que se relacionen cantidades».

Las seis empresas registradas el miércoles (Grupo Soler, Copisa, TEC4, Rogasa y Oproler Madrid y Barcelona) han hecho pagos que están entre los 20.000 y los 90.000 euros. En ningún caso se alcanzan los 100.000. Además de las donaciones al partido a través de sus fundaciones o de manera directa, la tesis es que hay pagos en «B» imposibles de detectar. Los agentes detuvieron a Anna Benítez y Carles del Pozo porque eran los encargados de la contabilidad de CDC . A las empresas se les requirieron los expedientes de las adjudicaciones bajo sospecha para contrastarlos con la contabilidad del partido en la etapa en que se produjeron.

La característica común de estas operaciones en cadena es que el análisis de la información obtenida en una fase anterior ha llevado a la siguiente, según destacó la Fiscalía. En este caso tras la operación del pasado 28 de agosto en la sede de Convergència, se han logrado relacionar decenas de adjudicaciones de obra pública hasta 2009 con determinados ingresos en la contabilidad del partido y se ha extraído la información básica para acometer los siguientes registros y detenciones.

En esta fase se ha detectado también que se produjo una adjudicación de obra por empresa o dos a lo sumo, si bien el pago de la mordida se producía antes de que dicha adjudicación se materializara, una novedad con respecto a otras investigaciones. El resto de constructoras y compañías que figuran en el archivo informático en poder de Viloca se siguen investigando tras estructurarse en veinticinco bloques documentales que fueron entregados al Juzgado de Instrucción número 1 de Vendrell (Tarragona). «Hemos tirado primero de las que estaban más claras», señalan las fuentes.

Los investigadores no descartan que se hayan destruido o se puedan destruir pruebas –como sucedió en el anterior registro al triturar contratos en el despacho del tesorero que fueron reconstruidos por Criminalística–. De hecho, la Fiscalía basó su petición de ingreso en prisión del tesorero en ese riesgo y propuso que quede en libertad en cuanto se aseguren las pruebas. « Cuando le detuvimos se despidió de su familia. Estaba preparado para ir a la cárcel », sostienen fuentes del caso.

Dado el volumen de material intervenido de nuevo, no se descarta que aparezcan otros elementos de prueba o la incriminación de más personas. Uno punto de interés es la sede de Infraestructures.cat, cuyo director general Josep Antoni Rosell pasa hoy a disposición del juez. Rosell ha sido y es mano derecha del actual consejero de Justicia de la Generalitat Germà Gordó.