El Canal de Isabel II intenta recuperar en el Banco Mundial la joya de su expansión internacional

Fue en 2001, con Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid, cuando la sociedad pública madrileña se hizo con la Triple A, empresa que tiene encomendado el servicio de abastecimiento y saneamiento del agua en Barranquilla y otros catorce municipios.

El Canal, a través de Inassa, poseía el 82,16% de la Triple A. En abril de 2017 estalló la operación Lezo con decenas de detenciones ordenadas por la Audiencia Nacional , entre ellas la del expresidente madrileño Ignacio González . La causa gira en torno a una presunta red corrupta en el Canal de Isabel II. En este contexto, en octubre de 2018, la Fiscalía y la Procuraduría General de la República de Colombia iniciaron varias diligencias contra Inassa y dictaron «medidas cautelares de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio» de sus acciones en AAA Barranquilla, que pasaron a custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Las autoridades colombianas utilizaron una ley diseñada para combatir el narcotráfico . El argumento de la Fiscalía fue que Triple A había abonado en los últimos años más de 60 millones de euros en asesorías ficticias, extremo que ningún juez ha validado. De hecho, este asunto se judicializó y hay una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que rechaza las acusaciones de la Procuraduría, según informan fuentes del Canal. El año pasado, la empresa madrileña se enteró por los medios de que la Sociedad de Activos Especiales procedía a la enajenación temprana de las acciones de Inassa en la Triple A a favor de la sociedad Apbaq (Alumbrado Público de Barranquilla), sin licitación y con opacidad en cuanto a las cifras de la operación.

El 3 de diciembre tuvo lugar una ceremonia para formalizar el traspaso de acciones. El anfitrión fue el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y al acto acudió el presidente de Colombia, Iván Duque –ahora en funciones hasta la toma de posesión de Gustavo Petro–. El regidor local sacó pecho: «Estoy contento. Hace catorce años estuve aquí tratando de hacer lo que estamos haciendo hoy, recuperar la Triple A para los barranquilleros, que el patrimonio que esta emana sea mayoritariamente público» –el Ayuntamiento tenía antes el 14% de las acciones de Triple A–.

Pumarejo agradeció al presidente Duque su apoyo para conseguir las acciones de la empresa gestora del agua. Según la nota oficial de la Alcaldía, Iván Duque tomó la palabra: «Lo que nosotros queremos es que la Triple A vuelva a Barranquilla para convertirse en un tesoro y que se cuide como un tesoro, con total independencia fiduciaria de cualquier injerencia de carácter político», dijo el presidente. Medios locales cifran el valor de la empresa en unos 500 millones de dólares, 480 millones de euros , por lo que la participación que tenía el Canal ascendería a más de 390 millones. El valor exacto de las acciones expropiadas está pendiente de un peritaje oficial.

La beneficiaria del traspaso, la citada Apbaq, es una sociedad semipública. El 65% pertenece al municipio de Barranquilla y el 35% a William Vélez, empresario del sector de la recogida de basuras, y a los hermanos José y Christian Daes , quienes financiarían la operación con unos 130 millones de euros. Empresarios de éxito con una firma que recién ha debutado en el Nasdaq estadounidense, Tecnoglass, los Daes fueron acusados de pertenencia al Cartel de Cali . Recientemente, la firma de investigación financiera forense Hindenburg Research desveló, en un extenso informe sobre Tecnoglass, el escrito de acusación de la Corte de Florida de 1996 contra el citado cartel, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela.

Entre los acusados estaban los hermanos Christian y José ‘Yuyo’ Daes. La Fiscalía de Estados Unidos les pedía varias cadenas perpetuas por tráfico de cocaína y armas, crimen organizado y lavado de dinero. Pero sus nombres desaparecieron posteriormente del caso, ya sea por archivo o por lo que se conoce como sellado de expediente judicial.

Este hecho llevó a que algunas fuentes valoren la posibilidad de que colaboraran con la investigación a cambio de inmunidad. En 2004, José ‘Yuyo’ Daes fue víctima de un sicario que lo intentó aniquilar de varios disparos. No logró acabar con su vida, pero lo dejó paralítico. Cuando el Hindenburg Research publicó su investigación, Christian Daes reaccionó en su cuenta de Twitter: «Es una mentira tras otra». Los Daes sostienen que los quieren hundir por su éxito en los negocios. Los hermanos cuentan con extraordinarios contactos y relaciones políticas. La prensa colombiana los vincula con el ‘uribismo’. Cabe recordar que Iván Duque fue el delfín de Álvaro Uribe. ABC se ha puesto en contacto con la Alcaldía de Barranquilla y con las empresas de los Daes, pero no ha habido respuesta.

El Canal pidió ayuda al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Embajada, que han realizado varias gestiones de apoyo a la empresa pública, pero las autoridades colombianas no ceden. Por ello, la empresa madrileña recibió el pasado mes de abril la autorización de la Comunidad de Madrid para acudir a un arbitraje internacional ante el Ciadi por «vulneración del Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre los gobiernos colombiano y español», informan fuentes oficiales de la sociedad pública. El despacho Uría Menéndez, que ganó el concurso de asesoría legal por más de cuatro millones de euros, está ultimando la presentación del arbitraje.

Por su parte, el abogado colombiano Renzo Montalvo, que ha estudiado el caso y llegó a ofrecer su asesoría al Canal de Isabel II, sostiene que para recuperar los activos sería importante acudir a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y al Departamento de Justicia estadounidenses , «dado que los nuevos titulares de las acciones de la Triple A cotizan en los Mercados de Valores en Estados Unidos, donde habría que remarcar la política de ese gobierno en cuanto al lavado de activos procedentes de la corrupción y el narcotráfico».

El Canal de Isabel II es una empresa 100% pública. La Comunidad de Madrid posee un 82,4% y los ayuntamientos madrileños, el 17,6%.