La Guardia Civil registra las instalaciones del Canal, tras destaparse la operación Lezo
La Guardia Civil registra las instalaciones del Canal, tras destaparse la operación Lezo - ÓSCAR DEL POZO

El Canal de Isabel II estima que en un año habrá vendido todas sus empresas de América

Entre las que continúan operativas, está Emissao Engenharia e Construçoes, cuya compra supuestamente fraudulenta en 2013 investiga la operación Lezo, y Metroagua, investigada en Colombia por supuestos vínculos con grupos paramilitares

MADRIDActualizado:

El Canal de Isabel II calcula que en un año habrá culminado el proceso de venta de todas sus empresas en América Latina, incluida la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, investigada en la operación Lezo. Además, la empresa pública madrileña encargada de la gestión del agua estudia la opción de acabar con su actividad en España más allá de la Comunidad de Madrid.

Esto supondría la venta de la empresa Canal Gestión Lanzarote, participada íntegramente por el Canal, y la desaparición de la delegación de Cáceres. Así lo ha anunciado el presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, en un desayuno informativo previo a la primera junta general de accionistas tras el estallido del caso Lezo, por el que permanece en prisión el expresidente regional Ignacio González.

Garrido ha explicado que el cese de la actividad del Canal en España fuera de Madrid es una posibilidad que estudiará el mismo asesor financiero externo que contratarán para acometer la venta de las empresas latinoamericanas. En la actualidad, el Canal está redactando el pliego para la contratación de este asesor, que será quien plantee diferentes alternativas sobre esta venta y calendarios para su ejecución.

Garrido estima que en un año culminará el proceso de venta de las 25 empresas del Canal en América Latina, cinco de las cuales ya han sido liquidadas, mientras que seis están en proceso de liquidación y trece continúan operativas. Además, hay una empresa que está en estudio de liquidación, Soluciones Andinas, de Uruguay, participada en un 90,62% por el Canal.

Las 25 empresas latinoamericanas (algunas de ellas constituidas como sociedades y otras como sucursales) pertenecen al grupo Inassa, filial colombiana de Canal Extensia, una empresa del Canal de Isabel II que gestiona contratos de agua en varios países sudamericanos. Entre las que continúan operativas, está Emissao Engenharia e Construçoes, cuya compra supuestamente fraudulenta en 2013 investiga la operación Lezo, y Metroagua, investigada en Colombia por supuestos vínculos con grupos paramilitares.

«Queremos que el Canal vuelva a sus orígenes (...) trabajar en la Comunidad de Madrid y que sea la empresa de agua de todos los madrileños», ha declarado Garrido. A partir del mes de septiembre, ha dicho que tienen la intención de «cerrar» una etapa del Canal y comenzar una nueva andadura con un plan estratégico para 2022 que ya están elaborando los trabajadores de la compañía. «Queremos relanzar el carácter público atrayendo a nuestro accionariado a todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid», ha apuntado.

En la actualidad, en el accionariado de la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión está representada la Comunidad de Madrid, a través del ente público Canal de Isabel II, y 111 municipios de la región. Otros como Leganés y Brunete han manifestado su interés en formar parte del Canal, según ha señalado Garrido, que ha añadido que están estudiando cuál sería «la fórmula más adecuada» para incorporar nuevos accionistas, dada la «complejidad» del proceso.

La intención es contar con los 179 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, algunos de los cuales, como los de la Sierra Norte, «quedaron excluidos casi en su totalidad del accionariado seguramente porque no se encontró una estrategia adecuada para ellos». «Debimos ser un poco más generosos con ellos y lo vamos a ser», ha asegurado.

El Canal de Isabel II cerró el ejercicio de 2016 con un beneficio de 232,7 millones de euros, mientras que el endeudamiento se redujo un 11,3 % hasta alcanzar los 982 millones. El año pasado, la empresa pública madrileña alcanzó los 866,8 millones de euros como cifra de negocio individual, un 0,64 % más respecto a 2015. Este ligero incremento está relacionado con una mayor facturación de metros cúbicos de agua (0,45 %) y con el crecimiento del número de clientes en un 1,34 %.

En materia de inversiones, el Canal destinó 187,7 millones a redes de distribución, mejora y ampliación de depuradoras de aguas residuales y extensión del suministro con agua regenerada, entre otras actuaciones. Por otro lado, el beneficio bruto de explotación registrado en el conjunto del grupo fue de 376 millones de euros, 2,45 millones menos que en 2015, de los cuales el Canal de Isabel II aporta la mayor parte (un 88,2 %) seguido por la empresa colombiana Triple A de Barranquilla, con casi 34 millones de euros.

El PSOE pedirá la disolución del Canal

Por otro lado, los más de 40 alcaldes y alcaldesas del PSOE de Madrid que esta tarde participarán en la Junta anual de accionistas pedirán abordar el «escándalo de corrupción» que ha afectado a la compañía de aguas y la disolución de la empresa mercantil.

En un comunicado, el PSOE-M solicitará formalmente la inclusión de un nuevo punto del orden que rinda cuentas «de los escándalos de corrupción desvelados durante este ejercicio». La alcaldesa de Getafe y secretaria general del PSOE de Madrid, Sara Hernández, ha señalado, además, que «la corrupción del PP de Madrid ha supuesto un quebranto patrimonial sin precedentes para el Canal de Isabel II y por lo tanto para todos los madrileños».

Así, desde el PSOE han avanzado que los alcaldes socialistas votarán en contra de las cuentas presentadas por el Canal. Para el alcalde de Soto, Juan Lobato, que actúa como portavoz de los alcaldes en este órgano, «esto es ejemplo del proceso privatizador lanzado por el PP de Madrid».

También demanda, de acuerdo con la solicitud de los colectivos sociales en defensa del agua pública y con la propuesta presentada por PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid, «la disolución de la empresa mercantil Canal Gestión S.A. y la devolución de sus competencias al ente público centenario Canal de Isabel II, para asegurar que el agua sea de todos los madrileños».