El Gobierno desvela esta semana su política judicial con Cataluña de fondo

No serán recibidos con el mismo entusiasmo, pues si bien el nombramiento de Campo ha sido bien acogido por los operadores jurídicos que estaban en pie de guerra con Delgado, no se puede decir lo mismo de la exministra, cuyo desembarco en la Fiscalía General directamente desde el Ejecutivo de Sánchez compromete la apariencia de imparcialidad del Ministerio Público. Ese es el mensaje que lanzó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando el pasado 17 de enero avaló su nombramiento en una votación muy fragmentada (doce votos frente a siete) en la que se optó por limitarse a constatar que cumple los requisitos legales. Aun así, la «lealtad institucional» de la que quiso hacer gala Lesmes no evitó que los siete vocales contrarios a dar su aval a la exministra formularan un voto particular en el que aseguraban que no la consideraban idónea para el cargo.

La asunción de responsabilidad de fiscal general del Estado «sin solución de continuidad, inmediatamente después de haber cesado en su cargo de ministra de Justicia y de diputada del partido que sustenta al Gobierno proponente supone un serio impedimento» para garantizar a la ciudadanía la imagen de «autonomía e imparcialidad que ha de exigirse al fiscal general del Estado», señalaron los vocales.

Aunque Delgado ha procurado ir a esta comparecencia ante la Comisión de Justicia como fiscal en vez de como exministra (no en vano esta misma semana se reincorporaba a su plaza de en la Audiencia Nacional), no podrá obviar los reproches que los portavoces parlamentarios, al menos los de PP, Ciudadanos y Vox, harán a este «nombramiento político» en este segundo «examen» al que tiene que someterse antes de tomar posesión como fiscal general del Estado.

Y es que el papel del fiscal general del Estado no es una cuestión menor en un engranaje judicial en el que se quiere dar mayor protagonismo al Ministerio Público para que sean los fiscales, y no los jueces de instrucción, los que asuman la investigación penal , un objetivo que forma parte de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que viene coleando desde los tiempos del exministro Francisco Caamaño. El propio Campo la impulsó entonces como secretario de Estado de Justicia. La confianza en una verdadera autonomía de la Fiscalía es básica para fortalecer la imagen de independencia de quien se pone al frente de este órgano. Aunque la política criminal que la Fiscalía aplica la fija el Gobierno, el Ministerio Público goza de autonomía funcional y no debe haber vínculo alguno con el Ejecutivo. Prueba de ello es que solo hay un precedente de un ministro que pasó a ser fiscal general directamente. Fue Javier Moscoso , en 1986, hace más de 30 años, cuando ni siquiera estaba sobre la mesa la posibilidad de que el Ministerio Público instruyera causas penales. Dolores Delgado sabe perfectamente lo que espera el Gobierno de ella, pero también es consciente de que no podrá doblegar a los fiscales de Cataluña ni tampoco a los del «procés».

Con el perfil político de la fiscal general tendrá que lidiar Campo –cuya relación con la exministra no es precisamente buena– en las reformas que quiera sacar adelante durante su mandato. Su principal misión será las de recomponer las relaciones con los operadores jurídicos (molestos con Delgado por haber ignorado sus reivindicaciones) y encauzar con diálogo las renovaciones pendientes. El problema es que tiene al «enemigo» en su propia «casa». La locuacidad, cuando no ignorancia, de algunos miembros de su Gobierno –el ministro Alberto Garzón aseguró que la Fiscalía depende jerárquicamente del Gobierno– son solo la antesala de una legislatura que se avecina convulsa si, como se intuye, se legisla a golpe de titular o si los guiños a los nacionalistas se traducen en reformas legislativas por la puerta de atrás o en la inacción de la Abogacía del Estado ante la desobediencia del Parlament. Ninguna de estas actuaciones se conjugaría bien con una justicia independiente y seria.

Tampoco ayudan a esa percepción los llamamientos a «desjudicializalción» del «conflicto político» ni campañas de desprestigio contra el poder judicial como la abanderada por el propio vicepresidente Pablo Iglesias nada más aterrizar en el Gobierno, cuando calificó como «humillación» que «muchos» tribunales europeos hayan «quitado la razón» a jueces españoles, algo que le rebatió el propio CGPJ.

En este sentido, el trabajo del titular de Justicia no será fácil. Conocedor de las necesidades de esta Administración desde dentro y fuera de los tribunales (además de secretario de Estado y vocal del Consejo General del Poder Judicial, ha sido portavoz de Justicia en el Congreso en las últimas legislaturas), Campo es ante todo juez y desde esa óptica lo que los afectados esperan de él es que defienda los intereses de la justicia.