Buscan en los «e-mails» de los «Jordis» las órdenes del Govern

Lo hicieron por orden del magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, en el marco de una pieza separada que ha mantenido en secreto hasta practicar estas diligencias. Incluyó, además, la entrada en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) , en L’Hospitalet de Llobregat. Allí también procedieron al volcado de correos, pues es el lugar donde se centraliza la gestión del sistema informático de la administración catalana.

Los investigadores quieren perfilar qué papel desempeñaban Carles Puigdemont, sus consejeros, la Mesa del Parlament y los líderes de las entidades independentistas. Tratan de localizar en los mensajes el rastro de instrucciones relacionadas con el proceso soberanista. Consideran que todos ellos diseñaron una hoja de ruta unilateral que pasaría por el referéndum y acabaría con la independencia.

La Guardia Civil se fija también si de los intercambios de correos se pude deducir que hubiera más implicados en la dirección de esta hoja de ruta. Según señalaron fuentes judiciales a ABC, los agentes prestan también atención a si los correos electrónicos desvelan cómo se financió el referéndum de independencia del 1 de octubre. Sin embargo, este no es el objetivo de las diligencias, ya que el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ya tiene la lupa puesta sobre la jornada ilegal de votaciones sobre la independencia.

A primera hora de la mañana, agentes de la Guardia Civil de paisano se personaron en las sedes de la ANC y Òmnium , en Barcelona. En ambos casos, reclamaron el volcado del correo de sus exlíderes en un periodo concreto: desde mediados de abril de 2016 hasta finales de octubre de 2017.

La recopilación de estas información concluyó ya por la mañana en las oficinas de la ANC, de la calle Marina. En el caso de la sede de Òmnium, de la céntrica calle Diputación, la intervención se alargó varias horas más. Todo ello se produjo con la colaboración de los responsables de las entidades.

A primera hora de la tarde, el juez Pablo Llarena levantó el secreto que había impuesto sobre esta pieza separada del proceso hacia la independencia. El objetivo ya se había cumplido: la llegada por sorpresa de los agentes de la Guardia Civil a las sedes de las entidades soberanistas y al CTTI. El juez Llarena mantiene en prisión desde hace cien días a Sànchez y a Cuixart, acusados de los presuntos delitos de rebelión y sedición.

Precisamente, en el caso de Sànchez la Fiscalía pidió el lunes, al igual que reclamó para el exconsejero de Interior Joaquim Forn, que continúe en prisión provisional porque sostienen que hay riesgo de reiteración delictiva.

Por otra parte, un juez de Barcelona ha citado como investigados al exjefe de gabinete de la consejería de Gobernación Jordi Cabrafiga, y al director del CTTI, Valentín Arroyo, por su papel el 1 de octubre. Según informó Efe, deberán comparecer el 9 de febrero ante el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Cabrafiga fue el responsable de supervisar el proyecto de web «referéndum.cat».