Llarena charla con el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, en una imagen de archivo
Llarena charla con el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, en una imagen de archivo
PERFIL

Llarena, el juez que decidirá el futuro de Forcadell

El magistrado del Supremo ha pasado en Barcelona 19 de los 28 años que lleva en la judicatura

MadridActualizado:

Va a hacer dos años en el Tribunal Supremo y ya se estrena como instructor en un caso inédito en la justicia española desde el 23-F. Pablo Llarena no es ajeno a la realidad de Cataluña, pues ha pasado en Barcelona 19 de los 28 años que lleva en la judicatura.

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Ha vivido, por tanto, el auge de la presión independentista de primera mano, con lo que no parece que se vaya a dejar impresionar ahora por los coros que se escucharán a las puertas del Tribunal Supremo este jueves pidiendo la libertad de la ya expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y cinco miembros de la Mesa.

Llarena es el instructor de la causa abierta por rebeldía contra el poder legislativo autonómico y será él quien decida dentro de unos meses si sienta en el banquillo de los acusados a los que desafiaron el mandato constitucional con una desobediencia continuada.

Hijo de padres abogados, Llarena (Burgos, 1963) ingresó en la carrera judicial en 1989. Fue el número uno de su promoción, y tras pasar por un juzgado de instrucción de Torrelavega (Cantabria) y Burgos, su ciudad natal, consiguió la estabilidad soñada en Cataluña, donde fue juez de instrucción en Barcelona entre 1992 y 1998.

Ese año se incorporó a la Audiencia Provincial, donde trece años después, en 2011, sería elegido presidente de este órgano judicial. Allí permaneció hasta su nombramiento para el Tribunal Supremo en enero de 2016. Ha sido el último en aterrizar en la Sala Segunda del Supremo, cúspide de la jurisdicción penal.

Llarena vive ahora a caballo entre Madrid y Barcelona, donde reside su mujer, Gema Espinosa, directora de la Escuela Judicial, a la que ve todos los fines de semana mientras prepara su traslado a Madrid. Ambos tienen dos hijos.

Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y de perfil conservador, hasta noviembre de 2015, este magistrado defendió la reforma de Catalá que acortaba los plazos de la instrucción penal para agilizar los procedimientos.

En su entorno lo califican como «un buen jurista, inteligente y muy respetado entre los jueces de Barcelona», tanto por los de talante conservador como por los progresistas, porque «es fácil tratar con él y no es nada sectario».