Bruselas confirma que España puede vetar también el acuerdo de transición para Gibraltar

El texto incluye una nota a pie de página en la que se indica expresamente que el alcance territorial del Acuerdo de Retirada, incluido el periodo de transición, debe respetar los párrafos 4 y 24 de las directrices de negociación del Consejo Europeo del 29 de abril en 2017, « notablemente, respecto a Gibraltar ».

En concreto, el punto 24 establece que «después de que Reino Unido abandone la Unión Europea, ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin un acuerdo entre el Reino de España y Reino Unido». El punto 4 señala que «en la fecha de la retirada, los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido» pero también a sus países y territorios de ultramar asociados a la Unión y «los territorios de cuyas relaciones exteriores es responsable Reino Unido».

En principio, el periodo transitorio de salida debería comenzar a aplicarse en marzo de 2019 y los británicos desean que se aplique de manera automática al Peñón . Así se lo hizo saber el pasado día 19 el ministro para el Brexit, David Davis, al titular español de Exteriores, Alfonso Dastis. España no está en contra de la aplicación, pero quiere que sea fruto de un acuerdo entre Madrid y Londres, tal y como se refleja en las directrices de abril de 2017 y ahora se confirma.

La propuesta de Barnier ha causado un profundo malestar en el Gobierno de la colonia, que calificó la mención a Gibraltar como «una vergonzosa afrenta a una pequeña nación británica en la que se votó a favor de seguir formando parte de la Unión Europea, con un 96% de los votos».

El Ejecutivo de Fabian Picardo señala en un comunicado que «movilizará todos los instrumentos a su disposición si se realiza cualquier intento de activar la cláusula anterior para excluir al Peñón, sin importar las consecuencias que esto pueda tener para el progreso del Brexit en general».

Según las autoridades gibraltareñas, una transición implicaría «la continuación del actual ordenamiento jurídico de la Unión Europea», por lo que consideran que «la exclusión» de Gibraltar « sería contraria a la propia política » a este respecto de los países miembros de la UE. «Esta acción -afirman- implicaría un grado de discriminación legal y política contra un pequeño territorio inédito en la historia europea moderna».

Gibraltar se queja de lo que califica de «lenguaje amenazante» por incluir términos como «veto» o «exclusión» y advierte: «Ninguna parte tiene nada que ganar al excluir a Gibraltar de la transición o de cualquier acuerdo futuro. Lo único que conseguiría así España, con la complicidad del resto de estados miembros, sería generar incertidumbre para muchos miles de ciudadanos corrientes y sus familias, que viven a ambos lados de la frontera».