La juez ve indicios contra Blanco de «negociación prohibida» y lo lleva al Supremo

La juez de Instrucción número 3 de Lugo, que investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales y fraude en subvenciones, ha remitido al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que, según fuentes jurídicas, ve indicios de que José Blanco ha podido cometer un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, penado con hasta seis años de cárcel —en función de la modulación y gravedad de los hechos—, multa e inhabilitación. Todo ello en relación a las revelaciones del empresario lucense Jorge Dorribo ante la juez Estela San José. El imputado implicó al ministro de Fomento y a dos diputados gallegos (Pablo Cobián, del PP; y Fernando Blanco, del BNG) en una trama de subvenciones y cobro de comisiones irregulares. El primo de José Blanco habría desempeñado un papel de mediación clave en esta trama, que llevó al ministro a reunirse con el propio Dorribo en una gasolinera de la localidad lucense de Guitiriz.

Los dos parlamentarios a los que implicó el empresario ya han renunciado a sus cargos, antes de saber incluso qué indicios había contra ellos, pues la causa continúa bajo secreto de sumario. El escrito de la juez de Lugo se registró en el Supremo a la una y media de la tarde, con lo que no se procederá al reparto hasta hoy. Será la Sala de Causas Especiales del Supremo la que tenga que ver si realmente hay indicios de delito contra Blanco, pero antes tendrá que pedir informe a la Fiscalía, con lo que todo apunta a que antes del 20-N no se habrá decidido ni sobre su admisión a trámite.

La pretensión de la Fiscalía de Galicia, según ha podido saber ABC, era retrasar la decisión judicial hasta después del 20-N para que no interfiriera en la campaña. El ministro de Fomento se reafirmó tras conocer la decisión judicial en que las acusaciones «son una pura falsedad» y en que tiene «el máximo interés en que estas falsas imputaciones se investiguen lo más rápidamente posible».

Lo cierto es que el responsable de la cartera de infraestructuras se encuentra hoy en la misma tesitura que llevó a sus paisanos gallegos a la dimisión: horas después de conocerse los testimonios de Dorribo dejaba su acta como diputado autonómico el popular Pablo Cobián, relacionado con Dorribo ya que este patrocinaba el equipo de competición automovilística (en concreto, de rallies) de su hijo. Al día siguiente, era el nacionalista Fernando Blanco, entonces también diputado y exconsejero en la etapa de Touriño, el que abandonaba su escaño y la lista del BNG al Senado para «poder defenderse» de las acusaciones de Dorribo. El propio Fernando Blanco solicitó de forma voluntaria declarar como imputado en la causa para tener acceso a todo el caso.

Desde el PP, Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo exigieron la dimisión del ministro: «Si hasta ahora era escandaloso que Blanco no hubiera dado explicaciones y no estuviera dispuesto a asumir sus responsabilidades, ahora se agrava la responsabilidad de dos personas: de Zapatero, que lo mantiene de ministro, y de Rubalcaba, que lo mantiene de candidato al Congreso por Lugo», señalaba.

No es hasta dentro de diez días cuando se cumple el plazo en el que la juez tiene que decidir si levanta el secreto de sumario o, por lo contrario, lo prorroga un mes más.