El PSOE veta que Blanco rinda cuentas en el Congreso de su implicación en el «caso Campeón»

De hecho, no hay precedentes recientes de comparecencias del Gobierno ante la Diputación Permanente del Congreso en periodos de disolución. La única excepción se remonta a octubre de 1982, hace casi treinta años, cuando el entonces ministro de Defensa ( Alberto Oliart , expresidente de RTVE) acudió a la Cámara por voluntad propia para informar de la intentona golpista en la "Operación Galaxia". Se trata del mismo argumento que se utilizó a principios de 2004, aunque entonces los dos grandes partidos intercambiaron los papeles. En aquella ocasión el PP, ahora peticionario de una de las comparecencias, vetó las peticiones del PSOE y de otros grupos de la oposición para que el entonces presidente José María Aznar informase antes de las elecciones del 14 de marzo de los motivos de la guerra de Irak y la inexistencia de armas de destrucción masiva. Es una iniciativa "extemporánea, inconstitucional y antirreglamentaria", argumentaba el entonces portavoz del Grupo Popular, Luis De Grandes . La Diputación Permanente tiene "tasados" sus cometidos, apostillaba Eduardo Zaplana, en ese momento ministro Portavoz, quien recordaba que desde 1982 hubo acontecimientos posteriores de "gran trascendencia", entre los que citó la existencia de los GAL, que nunca llegaron a provocar la reunión de la Diputación Permanente. El PSOE, que ahora rechaza aceptar comparecencias, defendía en 2004 la legalidad del control parlamentario al Gobierno con las Cortes disueltas. Su entonces portavoz en la Comisión Constitucional, Diego López Garrido , defendía que la Carta Magna, en su artículo 78 (puntos dos y tres), determina que la Diputación Permanente está para velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no están reunidas, y que en caso de disolución "seguirán ejerciendo sus funciones" hasta que se constituyan las nuevas Cortes Generales.

Aquel caso de 2004 acabó en el Tribunal Constitucional, pues el PSOE recurrió en amparo la negativa de la Diputación Permanente a admitir la petición de comparecencia de Aznar . Pero el Alto Tribunal no llegó a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión porque, en su sentencia de 2009, inadmitió la impugnación de los socialistas por no llevar las firmas de recurrentes necesarias.

Lo que sí quedó reflejada en la sentencia fue la posición que mantuvo la Fiscalía General del Estado , ya con un Gobierno socialista, contraria al recurso del PSOE y avalando el criterio de que no cabe control parlamentario con las Cortes disueltas. "El Ministerio Fiscal considera, en síntesis, que la comparecencia solicitada no está prevista expresamente en las reglas que ordenan el funcionamiento de la Diputación Permanente, no puede justificarse en los precedentes de la Cámara Baja y, además, tampoco resultaba constitucionalmente obligada a la luz de las reiteradas comparecencias parlamentarias de miembros del Gobierno para informar sobre la crisis de Irak" recoge la sentencia.