Bárcenas, su credibilidad y la de sus papeles esperan ya sentencia

La vista oral ha llegado seis años después de que se ordenase su celebración, con Bárcenas mudado de abogado y estrategia y con una Fiscalía Anticorrupción que acusa exclusivamente por el presunto pago en B de parte de las obras de la sede del partido a la constructora Unifica y una supuesta apropiación indebida de fondos de la caja que gestionaba el extesorero, delitos contra la Hacienda mediante.

Pero sesión tras sesión -han sido 27- y por empuje de las acusaciones populares, se han sucedido las declaraciones, periciales y testificales más enfocadas a la veracidad de esos apuntes que también recogen los pagos al constructor, que a los delitos fiscales y de falsedad que por cuenta de la reforma, están sobre la mesa. Incluido el del propio PP, por el impuesto de Sociedades de 2008. La formación, que comparecía además como responsable civil subsidiario, ha instado la absolución.

Una treintena de testigos y entre ellos, los primeros espadas del PP durante dos décadas negaron la mayor: ni había caja ni de ella salían sobresueldos. Y mientras en el Juzgado de Instrucción aún se investiga si las cuantías que entraron como donaciones se transformaron en adjudicaciones de obra pública, queda en espera de la sentencia el eco en la Sala de una frase que ya sonó durante la Gürtel: que todo es falso, menos alguna cosa.

Bárcenas se ha enrocado en la autenticidad de las notas con la misma fuerza con la que el letrado del PP Jesús Santos en la última sesión la desmentía. Dijo que el extesorero las confeccionó como «cortina de humo» para «distraer a los tribunales» de su fortuna en Suiza y como «instrumento de presión» por la «animadversión» a dirigentes del partido. En medio, testigos como Pío García Escudero y Jaime Ignacio del Burgo, que reconocen apuntes de ayudas a víctimas de ETA. «¿Qué interés habría tenido el PP en ocultarlo? -planteó Santos-. Sería meritorio».

En contra de Bárcenas, sus problemas de credibilidad, que también valorará la Sala. Son años de declaraciones contradictorias y de hecho, sólo una acusación pidió modular la posible condena en atención a su supuesta confesión tardía, la misma por la que se ha apuntado a un curso de rehabilitación en la cárcel que pasa por pedir perdón a víctimas de corrupción. La Fiscalía no se ha movido de los cinco años de prisión que solicitaba para él desde el inicio: «Su testimonio genera dudas».

Eso sí, la posición es distinta en torno a los papeles. «La convicción es que son reales», dijo el fiscal de Anticorrupción Antonio Romeral, pero «carecen de validez contable» . Mientras en la Intervención General del Estado hablan de «chapuza» llena de «errores», en la UDEF ven esto propio de lo «rudimentario» de una contabilidad oculta.

En el fuego cruzado, los constructores de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, para los que la Fiscalía pide dos años y medio de cárcel por delitos fiscales y falsedad, y la trabajadora de ambos, Laura Montero, sentada en el banquillo por las acusaciones populares: era la técnico que llevaba la reforma. Les acompaña el exgerente del PP, Cristóbal Páez, que se juega año y medio de cárcel por el día a día de las obras y que ha seguido el juicio desde Argentina con la venia del tribunal. Todos piden ser absueltos, bien por prescripción, bien por declararse inocentes.

Y de fondo, la propia existencia de la caja B cuyos movimientos en teoría, registraba Bárcenas y de la que el Supremo ya tiene escrito que existía, aunque esos mismos primeros espadas, incluidos José María Aznar y Mariano Rajoy, lo negasen con fruición durante el juicio. Como resumió un abogado de la acusación popular, Virgilio Latorre, sin caja no hay pago en B de la reforma , es decir, no hay juicio. Ahora lo que falta es la sentencia.