El Ayuntamiento de Barcelona se persona contra la carga policial del 1-O

Los hechos del 1-O provocaron una avalancha de querellas , denuncias y causas abiertas en los juzgados: algunas contra los promotores de la consulta; otras por la supuesta inacción de los Mossos d’Esquadra para impedir las votaciones. Y también investigaciones sobre la proporcionalidad de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para retirar esa mañana las urnas de los colegios.

En el caso de la ciudad de Barcelona, es el Juzgado de Instrucción número 7 el que investiga las cargas policiales. Las pesquisas se iniciaron tras una denuncia de la Generalitat . El juez tiene a día de hoy 27 procesos abiertos, dentro de los que se han presentado un total de 257 denuncias de personas supuestamente heridas por los agentes durante el operativo policial.

El Ayuntamiento quiere ejercer de acusación popular en todos estos procesos porque es «uno de los episodios más graves vividos en Cataluña, en Barcelona, en el Estado y en Europa». Lo dijo ayer a los medios el abogado y teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, Jaume Asens . El Consistorio sostiene que la actuación fue a todas luces desproporcionada y Asens justificó la personación del gobierno de Colau ante la «inacción» de la Fiscalía, a la que acusa de haberse puesto al servicio del Gobierno de Mariano Rajoy.

La Fiscalía pretendía limitar la investigación de las cargas policiales a unos hechos ocurridos en la Escola Infant de Jesús, de la calle Avenir de la capital catalana. Consideraba, además, que la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil no había afectado a la convivencia ciudadana. El juez Francisco Miralles rechazó frontalmente las pretensiones del Ministerio Público: «Afectación de la normal convivencia la hubo, toda vez que existieron disturbios y lesionados en al menos 17 lugares distintos de la ciudad en una misma mañana». Fue la respuesta que dio al fiscal en un auto a los pocos días de los hechos. Decidió también que debía investigarse lo sucedido en todos los colegios «ante la avalancha de denuncias».

Hasta ahora, el Consistorio se había personado como acusación en la causa del hombre que perdió un ojo por el disparo de una pelota de goma por parte de agentes de la Policía Nacional.

Además de esta causa, y en el terreno puramente político, el Ayuntamiento de Barcelona ha debatido sobre el 1-O en varias ocasiones en medidas impulsadas en las comisiones y el pleno municipal, casi siempre con iniciativas incitadas por las formaciones independentistas, y arropadas muchas veces por los comunes.

Ejemplo de ello es la declaración que se aprobó una semana después del 1-O, que consideraba «un golpe de Estado encubierto» la represión policial del 1-O. Los de Colau se abstuvieron en la votación.

Además, recientemente se aprobó una medida para que se estudie jurídicamente si se puede pedir al Gobierno que resarza al Consistorio por el perjuicio a la imagen de Barcelona por las cargas.