Ayudas de formación en la Junta de Andalucía para atender chiringuitos, asar sardinas o costear funerales

Con las ayudas repartidas entre distintas entidades para formar a parados andaluces, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo , se abonaron facturas de lo más peregrino. En esa lluvia de millones de la época de vacas gordas se cargaron a actividades formativas seguros que cubrían costes de sepelios y hasta la repatriación de cuerpos por fallecimiento en el extranjero, el suministro de talleres y restaurantes y se usaron sus alumnos como mano de obra gratuita para atender un chiringuito o asar sardinas.

¿Cómo es posible que la Administración no detectara estos abusos? Hay 16 ex altos cargos de la Junta de Andalucía investigados por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, que desoyeron en muchos casos las alarmas de los interventores. Tras analizar los fallos en la gestión y vigilancia de los fondos, los agentes deducen «la existencia de un procedimiento irregular imposible de sostener sin una actuación concertada, ejecutada de manera coordinada y prolongada en el tiempo por parte de los responsables de la Administración». La juez Mercedes Alaya, que inició la nueva macrocausa en mayo de 2014 ( hoy en manos de la magistrada María Núñez ), acusó a la Junta de crear «una red de clientelismo político» a través de los cursos.

En paralelo, la sección de la Seguridad Social de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía investiga más de un centenar de empresas, fundaciones y ONGs beneficiarias de fondos, dentro de las diligencias abiertas por más de una decena de juzgados andaluces, centradas en el programa de cursos con compromiso de contratación. Su conclusión es igual de demoledora: «Ha habido una dejadez absoluta» tanto en el control y supervisión previos a la concesión de las subvenciones como en el seguimiento de los cursos.

Los exdirectores territoriales del SAE emitieron certificados acreditando que las subvenciones fueron aplicadas a los fines para los que se concedieron. La Policía señala que lo validado por ellos «pudiera no corresponderse con la realidad». Sus atestados están plagados de casos que causan sonrojo. El entonces delegado de Empleo en Cádiz, Juan Bouza (investigado en la causa), avaló el 21 de junio de 2012 el correcto uso de una ayuda de 139.847 euros concedida a la Asociación para la atención a personas con necesidades socioeducativas especiales del Puerto de Santa María (Afanas).

Entre los costes imputados al curso, figura la cuantía íntegra de un seguro con coberturas no previstas en la orden autonómica «tales como muerte por infarto, orfandad, muerte por agresión, gastos de tramitación y sepelio o gastos de repatriación por fallecimiento en el extranjero». El curso se impartió en Cádiz. En la comisión creada en el Parlamento andaluz para analizar el fraude de la formación, Bouza garantizó que «las actuaciones que se hicieron correspondieron con la legalidad más estricta».

Un caso de libro es el de Escuela Playa de Mazagón S.L. Recibió una ayuda de 68.060 euros en 2010 para un curso de cocina mediante un convenio suscrito por el delegado de Huelva Eduardo Muñoz García, también imputado en la causa. La empresa pertenecía a Javier García Villalobos, socio mayoritario de Carabelas S.L. y Complejo Residencial Los Veneros S.L., que facturan la mayor parte de los costes de los cursos. «Los albaranes de compra parecen responder más a las necesidades propias de un negocio de restauración que de un curso de cocina, ya que se compran de una sola vez 50 kilos de carne, se imputan como costes la compra de banderillas de atún y queso que ya están elaboradas y solomillo de atún con cerezas, también elaborado», señala la UDEF. Las clases prácticas consistían, según testificaron algunos alumnos, en «limpiar la cocina, los platos y los baños» o les obligaban a «atender el chiringuito del lugar, asando sardinas para los clientes», lo que permitía al dueño ahorrarse la mano de obra durante el verano.

Una de las alumnas apuntó que el dueño del restaurante tenía contactos con los inspectores de la Junta, «a los cuales de vez en cuando se les veía pasar por el restaurante y recibir una comida». El juzgado de Huelva ha dictado el archivo del procedimiento penal contra la misma por fraude de subvenciones porque la cuantía desviada no supera los 120.000 euros, que marca el listón de la responsabilidad penal.

Se concedieron subvenciones a empresas que no cumplían los requisitos exigidos en la orden autonómica, puesto que algunas mantenían deudas con la Administración. Otras se constituyeron justo antes de que se publicara la resolución y contaban con un solo trabajador dado de alta o ninguno, y desaparecieron tan pronto como la Junta ingresó en su cuenta el dinero. Deficiencias recurrentes son también el falseamiento de los partes de asistencia, la falta de cualificación de los docentes o la carencia de materiales.

En otro de sus atestados, la Policía se refiere a Pedro Ramiro Palos Sánchez y a Félix Martín Moreno como «pescadores de subvenciones». Ambos representantes de la empresa Ánfora Formación S.L., investigados por fraude, recibieron 483.579 euros para organizar cursos entre 2009 y 2012. «El entramado empresarial controlado por estas dos personas» captó en total un millón de euros en subvenciones a través de otras sociedades. Palos Sánchez figuraba como patrono de la Fundación por el Progreso de Andalucía (actual Fundación Adelante), que preside el secretario ejecutivo del PSOE de Andalucía entre 2001 y 2009, Herminio Trigo, que fue alcalde de Córdoba.

Uno de los docentes declaró a los agentes que la tónica en todos los profesores era «facturar por el doble de lo que realmente cobraban». De los 116.321 euros imputados a nóminas, el 50% (58.160 euros) «habría sido para el lucro de los gestores de la entidad».

Los «caza-subvenciones» hicieron su agosto. La UDEF sostiene que la entidad Fusión Onubense S.L. realizó cuatro cursos en Huelva «con la única finalidad del aprovechamiento personal de sus gestores» y que el procedimiento sancionador de la Administración «no ha funcionado», porque no paralizó el curso pese a las quejas reiteradas de alumnos. La misión principal de los asistentes a uno de solador-alicatador era «la rehabilitación del edificio (que albergaba las aulas) así como el chalé de la directora del centro, realizando en realidad actividad laboral prácticamente ordinaria sin contratación ni derecho alguno».

Europalillo S.L.U, subvencionada con 66.555 euros para otro curso de mecánico de vehículos ligeros, endosó a la ayuda «las facturas de los gastos ordinarios de la actividad del taller durante el período de duración del mismo, incluyendo meses anteriores y posteriores». La Policía calcula que el 30% del dinero (19.885 euros) se empleó en la compra de 357,5 litros de aceite de motor de distintas marcas, 38 juegos de pastillas de freno, diez juegos de escobillas limpia-parabrisas, 90 litros de líquido anticongelante, 65 bujías, 57 filtros de aire, diez baterías de vehículos y 32 neumáticos, entre otras piezas. La empresa se había dado de alta cuatro días antes de pedir la subvención.

Un curso de programador de instalaciones informáticas se convirtió en un negocio redondo para familiares de Carlos García Varet, administrador único de la empresa Novaula Formación y Recursos Humanos S.L., radicada en Huelva, de la que era socia su propia esposa, María Ángeles Pachón Álvarez. Marido y mujer cobran casi el cien por cien de los gastos de docencia (58.425 euros) imputados a la actividad formativa, subvencionada con 98.940 euros. Utiliza otra empresa suya, Soportec S.L., para facturar 10.783 euros por «servicios informáticos y mantenimiento», concepto que «ya ha sido facturado por Tegnos Hitech S.L (de la que también es administrador) y Kiwanda Software y Sistemas S.L.», sociedad vinculada a García Varet y a dos cuñados suyos, señala la UDEF. Según declararon los alumnos, «ninguno fue contratado». Todo quedó en casa.