«Constantemente pedimos diligencias a la juez en el caso de los ERE y en el de los cursos de formación»

-El último barómetro del CIS revela que la segunda preocupación de los españoles es la corrupción. ¿Somos negativos o la situación es tan mala?

-Que los ciudadanos estén preocupados por la corrupción es positivo porque es un primer paso para combatirla. Hay mucha presencia mediática de los mismos casos que, como son largos, siguen apareciendo. La corrupción está en los ámbitos de gestión administrativa, pero no afecta al tejido de la Administración, a la Justicia ni al resto del país de forma significativa. No digo que no pueda haber casos aislados de corrupción aquí y allá, pero no de una manera sistémica.

-¿Entiende que la opinión pública se cuestione por qué determinadas operaciones coinciden con momentos políticos clave?

-La justicia no puede actuar conforme a los momentos políticos, y sin embargo, el propio Tribunal Supremo ha marcado una pauta no escrita de prudencia en periodo electoral. En esos momentos en procesos que llevaban en curso meses (como la operación Taula, 19 meses) no se hace nada que no sea urgente. Pero la justicia no se puede parar indefinidamente.

-Los ciudadanos sienten que la justicia es lenta y no es igual para todos.

-La percepción de que la justicia es lenta es ancestral. Todo el mundo desea justicia y la desea ya. Pero un proceso debe estar impregnado de garantías. Se han hecho esfuerzos legales, pero también tienen que ser organizativos, funcionales y estructurales. No basta con tomar medidas para agilizar la justicia si no van acompañados de recursos para ganar eficacia.

-En esas reformas, ¿echa de menos alguna medida de agilización?

-Todos echamos de menos un nuevo modelo de proceso penal en el que la instrucción sea breve y ágil, con menos recursos y sin cuestiones de competencia. Una instrucción encomendada a un órgano más flexible como es el Ministerio Fiscal. Esto requiere un pacto de Estado por la Justicia. Se trata de modificar completamente el diseño de la instrucción y concentrar todo en la fase del juicio oral.

-Una de las medidas tomadas ha sido establecer plazos en la fase de instrucción: 6 meses para las causas simples y 18 para las complejas.

-La Fiscalía tiene que hacer un sobreesfuerzo y calificar la causa de simple o compleja, pero no es solo su responsabilidad. Los fiscales han declarado complejas las que no pueden ser tramitadas antes del 6 de junio (cuando expira el plazo para la simples). Las investigaciones no van a caducar.

-Otro esfuerzo es la puesta en marcha de Lexnet, que está arrancando con problemas técnicos y con la indignación de muchos profesionales...

-Todos los cambios tienen momentos iniciales incómodos y la dificultad se incrementa porque no trabajamos solo con una administración, sino con trece (el Ministerio de Justicia más doce comunidades autónomas). Los medios tecnológicos son necesarios en el ámbito de la Justicia, pero se integran en el régimen de garantías de los derechos de los ciudadanos y esos derechos y esas garantías pueden verse comprometidas por el mal funcionamiento de esos medios.

-¿Es partidaria de revisar los aforamientos?

-Los aforamientos no son tanto un privilegio personal como una garantía del ejercicio de un cargo. Hay aforamientos muy justificados, como el de los fiscales o jueces. Los fiscales anticorrupción muchas veces son objeto de querellas del entorno al que investigan. Lo que se puede revisar es que el aforamiento se limite a los hechos realizados en el ejercicio de las funciones del cargo. Y también las consecuencias procesales de la pérdida del aforamiento, para evitar la ralentización de la causa.

-¿Cómo puede llevar el caso de los cursos de formación de la Junta de Andalucía parado nueve meses?

-Estamos movilizándolo constantemente desde el inicio, igual que en el caso de los ERE, porque ha padecido el mismo lastre endémico de una concepción de instrucción de macroproceso unificada. La Fiscalía era contraria desde el primer momento a esa investigación unitaria. Siempre hemos pedido la fragmentación en piezas separadas y estamos en contacto con los jueces de instrucción para que formando ramas diferentes se pueda avanzar de manera efectiva y lograr por los menos el enjuiciamiento de algunos de los responsables.

-Pero este caso no es que vaya lento, es que las partes hablan de parálisis. Y la Fiscalía está personada. ¿Qué está pasando?

-Lo decimos nosotros también. Pero eso tendrán que preguntárselo al juez, ¿no? Estamos impulsándolo, pidiendo medidas, la fragmentación del procedimiento tal y como permite ahora la ley por reglas de conexidad, estamos pidiéndolo activamente, en cursos de formación, en todo. Estamos pidiendo diligencias constantemente.

-¿Y no se acuerdan?

-Pregúntenle a quien las tiene que acordar.

-Pero el fiscal tiene que velar porque el juez haga su trabajo. Si ve que el juez no funciona de forma correcta, debería ponerlo en conocimiento de quien considere.

-Pedimos y reiteramos las diligencias de investigación y las volvemos a reiterar. Y como todas las partes, el Consejo General del Poder Judicial está perfectamente al tanto de la situación de este juzgado y del que lleva el asunto de los ERE, en el que se ha puesto un refuerzo y somos más optimistas de que pueda avanzar mucho más rápido, por lo menos la pieza principal. Y en el de los cursos de formación, que ha padecido el mismo mal, estamos trabajando en esa misma línea. Tal vez se necesita un refuerzo... es cuestión de la juez de instrucción y del CGPJ.

-¿El CGPJ sabe que está habiendo algún problema en el juzgado?

-No lo sé. La Fiscalía no lo ha puesto en conocimiento. Hemos ido a hablar con los respectivos jueces para orientar la investigación, para fragmentarla... Estamos en permanente contacto para impulsar las instrucciones, pero la dirección corresponde al juez.

-¿Sentar en el banquillo a la Infanta Cristina ha supuesto la formulación de una nueva doctrina?

-El asunto está todavía en la fase de enjuiciamiento en primera instancia, vamos a ver la evolución doctrinal de la postura del Tribunal Supremo.

-¿La Fiscalía piensa recurrir esta nueva doctrina?

-Es prematuro avanzar qué va a hacer la Fiscalía. Podría suscitarse en el caso de que haya recursos.

-¿Qué opina de las críticas e insinuaciones de que el fiscal Pedro Horrach es el letrado defensor de la Infanta?

-Las críticas deben mantenerse en el ámbito del respeto y de la necesidad de que todos los profesionales trabajen con la serenidad necesaria para hacer bien su trabajo. Horrach ha trabajado mucho y muy bien en la lucha contra la corrupción en las Islas Baleares. Es un profesional que merece respeto y consideración. Debido a la presión mediática, es posible que se haya visto excesivamente precisado de justificar una postura.

-¿Hay que replantearse el papel de las acusaciones populares?

-Es tarea del legislador. Es posible que haya que afinar en algunos casos el ejercicio de la acción popular, que es necesaria, pero con unas limitaciones legales sería más conveniente.

-¿A qué se debió el cambio de criterio de la Fiscalía en el caso de los tiriteros, que en cuatro días pasó de pedir prisión provisional a libertad?

-La prisión provisional, como su propio nombre indica, es provisional, una medida cautelar encaminada a garantizar el éxito de la acción de la justicia y la sumisión a la justicia del afectado. Cuando se vio que eso ya no peligraba, pues se pidió la libertad.

-¿Eso cambió en solo cuatro días?

-Pues sí, en tres días, sí. Todo esto, como todo el mundo sabe, estuvo acompañado de mucho revuelo y presión mediática y alarma inicial... Son consideraciones que no inciden en el fundamento de la medida, que es una medida cautelar personal...

-En el caso de los tuits de Zapata, ¿por qué la Fiscalía a las puertas del juicio decide no acusar cuando a lo largo de la investigación vio indicios de humillación a las víctimas?

-La Fiscalía recurrió lo que consideraba un archivo prematuro porque faltaban declaraciones, pero practicadas la diligencias oportunas, la Fiscalía ya no lo vio necesario.

-¿Basta con que la persona diga que no tenía intención de humillar para que no exista el delito?

-El ánimo en los delitos dolosos es importante. Cuando los hechos se sitúan en contextos susceptibles de diferentes interpretaciones la intención del autor es esencial a la hora de interpretar la idoneidad objetiva para la humillación. Lo que no es esencial es que la víctima no se sienta humillada. Son delitos relativamente abiertos con una intepretación difícil en la que es esencial atender al contexto, el momento, a las circunstancias cuya ponderación no siempre es fácil.

-¿El proceso contra Francesc Homs en el Tribunal Supremo podría arrastrar al resto de imputados en el TSJ catalán? ¿Cuál es la postura de la Fisalía?

-No debería arrastrar y nuestra petición es que no arrastre. Esa es la postura habitual también del Tribunal Supremo. Puede investigarse esa imputación con independencia de los hechos que se imputan al resto de procesados. Su comportamiento está completamente individualizado.

-¿Por qué es distinta la conducta de Homs a la del resto?

-Porque se ciñe a unas órdenes concretas muy puntuales que dictó con posterior al 6-N (6 de noviembre de 2014). Cuando la consulta ya estaba prohibida, ordenó actuaciones de impulso y ejecución de la misma.

-¿Está preparada la Fiscalía ante posibles incumplimientos de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la resolución de ruptura del Parlamento catalán?

-Claro, la Fiscalía está siempre preparada para actuar si se cometen delitos. Seguimos con mucha expectación el devenir de este proceso porque se han anunciado la posibilidad de comisión de delitos. Conocemos bien el Código Penal y nuestro trabajo, que en su caso lo realizaremos. Que no le quepa duda a nadie.

-¿Por qué la Fiscalía del TSJ catalán no ha actuado contra los diputados regionales que aprobaron la resolución de ruptura, si la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha impulsado investigar a los ayuntamientos que aprobaron mociones de apoyo?

-Las diligencias abiertas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional se refieren a conductas generales, todavía no se ha imputado a nadie por el apoyo y las declaraciones de apoyo, en el parlamento o ayuntamientos. Se investiga si en esas declaraciones se hubiera podido cometer algún delito. Es posible que surjan responsabilidades independientes o personales de algún concejal u otras personas por otros hechos, no por el mero apoyo formal a una declaración en el seno del parlamento o en el ámbito municipal.

-¿Va a pedir al juez que cite a declarar a Candido Conde-Pumpido hijo?

-No creo que sea necesario que la Fiscalía se pronuncie sobre las diligencias que el juez tiene que practicar, puesto que ya se están practicando. Seguramente declarará sobre sus clientes y sus propias actuaciones, pero no puedo saber lo que vamos a hacer.