La Audiencia Nacional ve riesgo de sedición a pesar de la aplicación del 155

Así se expresa la Sección Segunda de la Sala de lo Penal en los autos en los que confirma el encarcelamiento preventivo de Sànchez y Cuixart. Aunque el fallo se adelantó el pasado viernes 3 de noviembre, el contenido de los escritos se conoció ayer. La decisión fue apoyada por cuatro de los cinco magistrados que forman la sección. Solo el juez José Ricardo de Prada se opuso, una tesis que plasmó en un voto particular, el cauce para discrepar.

Esta interpretación es un espaldarazo de la Sala de lo Penal a la juez del caso, Carmen Lamela , quien acordó el encarcelamiento preventivo de «los Jordis» y de ocho exconsejeros cesados de la Generalitat. La Sala de lo Penal se encarga, entre otras cosas, de revisar las decisiones de los jueces instructores, cuando hay opción de recurso. Los cuatro jueces avalan la necesidad del encarcelamiento y ubican la actuación de Sánchez y Cuixart en «una estrategia» global del secesionismo , un plan premeditado y duradero en el tiempo, como advirtió Lamela. En ese contexto -un proceso ilegal de secesión- se sitúa el acoso a la Guardia Civil del 21 de septiembre que, según los jueces, alentaron «los Jordis».

«El riesgo de reiteración delictiva sigue existiendo a pesar de las medidas tomadas por el Gobierno, puesto que el investigado viene operando dentro de un grupo organizado de personas, llevando a cabo reiteradamente actividades de colaboración activas dirigidas a lograr fuera de las vías legales la independencia de Cataluña», asegura la Sala de lo Penal, en el auto en el que rechaza el recurso de Jordi Sànchez, el presidente de la ANC.

Los dos «Jordis», imputados por un delito de sedición, invocaron el nuevo escenario en Cataluña -la intervención del Ejecutivo de Rajoy, que cesó al Govern de Puigdemont, disolvió el Parlament y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, gracias a la aplicación del artículo 155 de la Constitución - para pedir su liberación. Según los dos agitadores del independentismo en la calle, la nueva situación anula el riesgo de que ambos reiteren en el delito, uno de los resultados que busca evitar su encarcelamiento. Los dos fueron enviados a prisión preventiva el pasado 16 de octubre, tras declarar ante la magistrada.

Lamela consideró que existen todos los riesgos que justifican la medida: que se fuguen, que destruyan pruebas o que reiteren en el delito. Esta medida cautelar, que puede acordar un juez siempre que la solicite una acusación, busca evitar que los imputados entorpezcan la investigación. Supone encarcelar a una persona que todavía no ha sido juzgada ni condenada.

La Sala de lo Penal también rechaza esta argumentación en el auto sobre Cuixart, el líder de Òmnium. «Escasas garantías podemos tener de que, puesto en libertad, no vaya a seguir en la misma actitud de franco y no pacífico enfrentamiento que hasta el momento ha venido mostrando, prestando su relevante colaboración en una hoja de ruta orientada hacia el mismo e ilegal proceso secesionista », dicen los cuatro jueces que acuerdan su permanencia en la cárcel. «¿Qué fiabilidad puede ofrecer quien, pese a un incesante, pero contraria a derecho, actividad de pasado, vaya en adelante a dejar de continuar en ella?», se cuestionan en voz alta los magistrados.

Cuixart se escondió tras su cargo. La Audiencia Nacional le reprocha que haya aprovechado la cobertura de esta asociación legal, con fines legítimos, para «actuar al margen de la ley». «Suele ser un argumento habitual hacerse pasar por persona respetuosa con la legalidad de la que precisamente se abusa para violarla», concluye la Sala.

Los jueces también aprecian riesgo de que los dos se fuguen. En el caso de Cuixart, la Sala tiene en cuenta sus «innegables afinidades» con Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos en Bélgica. Este ejemplo potencia el riesgo de que el líder de Òmnium se fugue, pues «siempre le resultará más fácil encontrar refugio entre ellos».

El auto desmonta el proceso independentista. «No existe legitimidad alguna que justifique el incumplimiento y/o violación de una ley, encaminado a los objetivos de una hoja de ruta cuyo horizonte está en una ilegal declaración de independencia», concluyen.

En la otra dirección, el juez discrepante alega que la argumentación sobre los riesgos está basada en «estereotipos», sin una concreción de la situación de los investigados. De Prada considera que el auto de Lamela «no está suficientemente motivado» y cree que otras medidas podrían asegurar la disponibilidad de los imputados.