La Audiencia Nacional ordena el cierre «inmediato» de una revista para presos etarras por enaltecer a ETA

Así lo ordena el magistrado en un auto fechado el pasado día 15, al que ha tenido acceso ABC, y en el que ordena que se adopten «las medidas técnicas oportunas para dejar de forma inmediata fuera de línea y deshabiliten cualquier acceso a través de las líneas de datos» de la página web www.kalerakalera.eus y de la revista 'KaleraInfo', que se distribuye entre el colectivo de presos etarras.

En dicha publicación, que edita Sortu a través de su comisión a favor de los presos de ETA, aparecen reiteradamente «'ongi etorris' [bienvenidas en euskera] y otros actos de homenaje a presos de la banda terrorista» , como explica el auto del juez, que en consecuencia decreta el cierre temporal «de forma inmediata» para evitar una posible «continuación delictiva» mientras se investiga «para conocer a los responsables del enaltecimiento delictivo» de la «trayectoria y ensalzamiento de miembros de la banda terrorista ETA».

El juez también ordena a las empresas que dan servicio técnico a la mencionada página web que bloqueen los enlaces y accesos a la misma y encarga a la Unidad Central Especial Número 1 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil que lleve a cabo todas las demás medidas necesarias para hacer efectiva la clausura de la página web y de la revista.

Esta decisión llega después de que la misma Audiencia Nacional no impidiera la semana pasada uno de esos actos de homenaje con los que García Castellón justifica el cierre de esta publicación de Sortu, concretamente el que se celebró el pasado sábado en medio centenar de localidades vascas y navarras a favor del preso etarra Henri Parot, uno de los terroristas más sanguinarios de ETA, con 39 personas asesinadas y más de 200 víctimas.

De hecho, García Castellón firmó el auto para clausurar la revista de ETA por contenidos e informaciones similares un día antes de que el también juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama denegara la prohibición cautelar para impedir esos homenajes a Parot con el argumento de que «es a la autoridad gubernativa a quien corresponde velar por el cumplimiento de los requisitos constitucionales en el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación» y no a la jurisdicción penal, cuya función es perseguir y castigar el delito una vez se ha cometido, es decir, 'a posteriori'.

En su auto, el juez Calama añadía que son las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno las que tienen «encomendado el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la prevención de la comisión de actos delictivos».