Archivan la querella contra Garzón por sus cobros en Nueva York

De este segundo auto es ponente Luciano Varela, que es precisamente el magistrado que ha sido designado instructor de la causa contra Garzón por el asunto de las desapariciones. En esta resolución desestima el incidente de nulidad presentado por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón contra una decisión anterior del triubnal que conformó el archivo de la investigación por los cobros, por no apreciar en este asunto indicios de delito contra el magistrado.

En su solicitud de nulidad, los querellantes afirmaban que el Tribunal Supremo no tuvo en cuenta, al parecer por "extravío" de determinados documentos, que Garzón pudo gestionar y obtener el patrocinio del Banco Santander para las dos conferencias que presentó en la Universidad de Nueva York, y por las que recibió un salario. El Supremo niega que tal extravío se haya producido y añade que, en todo caso , la valoración de los citados documentos "no implicaba, ni podría impliar, toma en consideraicón alguna para resolver" el recurso de súplica contra el archivo de la causa.

Los documentos supuestamente extraviados, según los letrados, procedían de una información obtenida en la propia web de la universidad norteamericana donde se aprecia "una vinculación directa con el patronazgo por parte del querellado", según esta parte.

El pasado 21 de abril, el Supremo confirmó el archivo de la querella porque los datos que los abogados sugerían investigar -aportados por la Universidad de Nueva York, que organizó las charlas de Garzón- "no alcanzaban a desvirtuar las razones" por las que se descartó la comisión por el magistrado de un delito de cohecho, "ni siquiera en la modalidad de dádiva en contemplación al oficio del funcionario".

Añadía el alto tribunal que "tanto por la falta de vinculación directa del patronazgo a la persona del querellado, cuanto porque nada hace sospechar que el patronazgo tuviera por finalidad el ilícito propósito que el recurrente denuncia con más voluntad que aval probatorio".

El recurso de súplica de ambos abogados fue interpuesto después de que el pasado 10 de febrero el Supremo remitiera al (CGPJ) la documentación recibida de la Universidad de Nueva York en la que se da cuenta del cobro por parte del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de algo más de 200. 000 dólares por la presentación de un ciclo de conferencias.

Tras analizar la cuestión, el alto tribunal consideró que los hechos denunciados por el letrado carecían de relevancia penal y archivó la querella, si bien advirtió que la ocultación por parte del juez de las cantidades que percibió del Centro Rey Juan Carlos I de España y el Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York podría ser determinante de responsabilidad ante el CGPJ.

El propio Supremo apuntaba en su auto que la Ley Orgánica del Poder Judicial sanciona en su artículo 417. 11 como falta muy grave "faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos", y que habría que investigar el caso porque cuando Garzón pidió prórroga de licencia tras su primera etapa en Estados Unidos "no consta que hiciese advertencia alguna sobre la naturaleza y cantidad de los ingresos percibidos y gastos que le fueron satisfechos".

Esta investigación disciplinaria aún está pendiente de resolverse en el órgano de gobierno de los jueces. Según el auto del Tribunal Supremo, el Centro Rey Juan Carlos asumió el pago de gastos de viaje por 21. 152 dólares y la escolarización de la hija de Garzón en la Escuela Internacional de Naciones Unidas. Además, el Centro de Derecho y Seguridad pagó a Garzón otros 160. 333, 14 dólares "en concepto de sueldo" por organizar los cursos denominados "Diálogos Transatlánticos" y "Seguridad Jurídica".

En su resolución inicial de archivo, dictada el pasado mes de febrero, el alto tribunal recordaba que en julio de 2006, cuando el CGPJ tuvo por presentada la memoria justificativa de la licencia y prórroga solicitada por Garzón, el órgano de gobiernos de los jueces declaró que el interesado "no habría de sufrir limitación alguna de sus haberes como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 durante el periodo que disfrutó de la licencia".

El auto añadía que "tampoco consta" que el CGPJ adoptase alguna resolución, más allá de la concesión de la licencia al juez, en la que autorizara "la compatibilidad para la actividad de docencia retribuida y, menos aún, que tomase conocimiento de los importes de dicha retribución, como concepto diverso de la indemnización de gastos".

De hecho, en la petición que dirigió al Consejo el 22 de diciembre de 2004, Garzón se limitó a señalar que "no existe cantidad alguna con la New York University sobre remuneración específica" y que estaba gestionando con la institución académica que cubriera "los gastos de desplazamiento, vivienda y mantenimiento personal y familiar (no momentáneo) durante el periodo mencionado".

El abogado que se querelló contra Garzón argumentaba que Garzón pudo cometer un delito de cohecho y otro de prevaricación por no abstenerse en la tramitación de una querella presentada en octubre de 2006 contra el Santander a pesar de que, según el libro 'Garzón, juez o parte', del periodista José Díaz Herrera, cobró de esta entidad 100. 000 dólares por cada una de las 17 conferencias que ofreció en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.