Anticorrupción y la UCO pedirán la imputación de González en la Púnica

Una vez que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tenga el documento sobre su mesa, la Fiscalía Anticorrupción solicitará que cite a Ignacio González a declarar en condición de investigado (declaró en sede policial por este asunto el pasado 4 de diciembre, como adelantó ayer la cadena Ser). Según las fuentes consultadas, la investigación de la Guardia Civil tiene todos los elementos para que el magistrado, que sustituyó al juez Eloy Velasco al frente del Juzgado de Instrucción número seis, llame a declarar al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid.

Los plazos que se manejan es que la petición de la Fiscalía en ningún caso llegue antes de las Navidades, por lo que será ya en 2018 cuando se produzca la citación. Las empresas de Alejandro de Pedro comenzaron a contratar con la Comunidad de Madrid en el año 2012. El mal llamado «conseguidor» de la Púnica (no era intermediario, lograba contratos para sus propias empresas), se dedicaba a mejorar la imagen de los cargos públicos en publicaciones online y en redes sociales e incluso a atacar a los rivales políticos a través de perfiles falsos de Twitter.

La Comunidad de Madrid pagó a las empresas de De Pedro, principalmente Eico Online Reputation Management y Madiva Editorial y Publicidad, alrededor de 60.000 euros que sirvieron para apuntalar la imagen de Ignacio González.

La tesis de los investigadores es que esos contratos estaban «amañados», con procedimientos negociados sin publicidad, y se pagaban indebidamente con dinero público. No eran trabajos que necesitara la institución o los ciudadanos, sino que estaban enfocados a la imagen del político en cuestión . Intentaban esconder en los buscadores noticias peyorativas sobre Ignacio González y otros altos cargos y promocionar otras favorables para que salieran más arriba.

Además de esos 60.000 euros, el Canal de Isabel II adjudicó en 2014 un contrato de 361.000 euros a las empresa de Alejandro de Pedro, Eico. Pudo tratarse de una argucia para enmarcarar los pagos y que no se hicieran directamente desde el Gobienro Autonómico, sino a través de la empresa pública, sujeta a menos controles.

Por otro lado, la Consejería de Educación pagó alrededor de 80.000 euros a las sociedades del investigado en la trama Púnica, contratos que terminaron con la carrera política de la consejera, Lucía Figar . Fue imputada por el juez Velasco, al igual que el entonces consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria , en junio de 2015. Los contratos de reputación online también le costaron la imputación a Isabel Gallego, la que fuera directora de Medios de la Comunidad de Madrid y persona de la máxima confianza de Esperanza Aguirre. Todos ellos han defendido, ante el juez y públicamente la legalidad de los contratos, a las mercantiles de Alejandro de Pedro.

También se investigan pagos de 120.000 euros de la multinacional Indra a las mercantiles de De Pedro que podrían corresponder a servicios prestados a los políticos, por lo que podría haber financiación ilegal y cohecho.