Curri Valenzuela
El 155
Aplicar el artículo 155 de la Constitución para suspender competencias sustanciales del Gobierno de Cataluña el día 2 de octubre en el caso de que la Generalitat proclame la independencia después de celebrar, con muchas dificultades, el amago de referéndum el día 1. Esa era la estrategia adoptada hace dos semanas por Mariano Rajoy, de acuerdo con Albert Rivera y Pedro Sánchez. Y sigue siéndolo, aunque –admiten ahora en el Ejecutivo– «las cosas se están complicando».
La complicación, no prevista hasta hace unos días, está haciendo mas difícil cada minuto que pasa no recurrir a medidas judiciales que puedan implicar la detención de los responsables de organizar el referéndum. En las primeras conversaciones mantenidas por el presidente del Gobierno con los líderes del PSOE y Ciudadanos se habló únicamente de acudir al Tribunal Constitucional para que declarara nula la convocatoria mientras que las fuerzas de seguridad requisaban urnas y papeletas y se tomaban medidas para impedir la apertura de los colegios electorales.
La estrategia, que no contaba con un plan B, rodó por los suelos el miércoles pasado cuando el titular del Juzgado número 13 de Barcelona ordenó la detención de una docena de altos cargos de la Generalitat, los que dirigían los preparativos del referéndum. El magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer actuó por cuenta propia, sin el amparo de la Fiscalía, en base a una denuncia formulada hace seis meses por el partido VOX. Y el Gobierno se enteró de la noticia la tarde anterior, cuando Interior tuvo conocimiento de que el juez había notificado a la Guardia Civil que se preparara para llevar a cabo las detenciones a primera hora de la mañana siguiente.
Cuando a última hora del martes la noticia llegó a La Moncloa, Rajoy citó a Pedro Sánchez y Albert Rivera, a quienes recibió por separado mientras la Guardia Civil llevaba a cabo las detenciones. A ambos líderes les dejó claro que el Gobierno era totalmente ajeno a esa acción judicial que enseguida se advirtió que llevaría a disturbios callejeros y el acoso a los guardias civiles que registraban la Consejería de Interior. Una situación nada deseable para el Ejecutivo, que le ha llevado a decretar que sea Interior quien tome el mando, por encima de los Mossos.
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