Un fiscal subraya la «tolerancia política» de España: «Hay partidos que no justifican la violencia, pero tampoco la combaten»

El representante del Ministerio Público, que ha pedido que se ratifiquen las penas de los condenados, ha señalado que a los exdirigentes batasunosno se les está juzgando por su pertenencia a un partido político que en este caso fue ilegalizado, ni tampoco por sus ideas, sino porque cometieron un delito de pertenencia a organización terrorista, en unos casos, y de colaboración, en otros. El medio o instrumento que utilizaron para financiar a la banda terrorista (las propias herrikos) «no es menos grave», pues se aprovecharon de la presencia social de estas instituciones y su arraigo social en el País Vasco. Tampoco «apoyar a una organización terrorista no es un resultado baladí», ha sostenido.

Se refería así a la petición de la defensa de los exdirigentes batasunos de que se les aplique la reforma del Código Penal que entrará en vigor el 1 de julio y prevé la rebaja de las penas en supuestos en los que el medio utilizado para cometer el delito y el resultado del mismo sean «menos graves».

Lo solicitó por la mañana el abogado Iñigo Iruín para sus defendidos: Joseba Permach, Rufino Etxeberria, Juan Cruz Aldasoro, Joseba Álvarez y Karmelo Landa, condenados todos ellos a tres años de prisión.

El letrado señaló que la sentencia de la Audiencia Nacional dio un trato diferente a estos condenados respecto a los otros 15, a los que les impuso entre 15 y 18 meses al rebajarles la pena dos grados por la atenuante de dilaciones indebidas (entre la apertura del procedimiento y la sentencia pasaron doce años). Por contra, a sus clientes «sólo» se les bajó un grado. A su juicio, la diferente posición de unos y otros batasunos no justifica este trato discriminatorio. No obstante, Iruín insitió en que la Sala aplique la reforma del Código Penal que entrará en vigor el 1 de julio que prevé la rebaja de las penas en uno o dos grados.

Según Iruín, la sentencia de la Audiencia Nacional comete un error cuando considera a Herri Batasuna una organización terrorista. Es cierto, ha dicho, que el partido fue ilegalizado, pero ninguna sentencia ha declarado nunca que HB forme parte de ETA, algo que sí ha sucedido, sin embargo, con otras organizaciones del entramado etarra, como KAS, EKIN o Gestoras pro Amnistía.

En este sentido, según el letrado lo que fue ilegalizado fue el partido, pero «ni las personas ni las ideas» lo fueron, e incluso desde el juzgado del que era titular Garzón, se amparó esa actividad política. Sólo dos acciones concretas se llevaron a los tribunales, ha dicho Iruín, la propuesta de Anoeta, que se saldó con la absolución de Permach, Álvarez y Otegi), y los contactos de Rufino Etxeberria en los que estuvo implicado también el socialista Patxi López, y que acabó archivándose. Sólo del caso Atutxa salió una condena como consecuencia precisamente de esa ilegalización, recordó.

Por su parte, las defensas de las herrikos, cuyos bienes fueron decomisados por sentencia, han hecho hincapié en que no ha quedado demostrado que Batasuna fuera la titular real de esos locales con los que, según la Audiencia, se financió a ETA. Tampoco el flujo económico que habría salido de esos locales hacia la banda terrorista. Los abogados han criticado que no se haya individualizado la contribución de cada herriko a esa financiación y el hecho de que en un caso concreto la sentencia llegue a considerar herriko un local que no lo es.