El plan anticorrupción del Gobierno logra la luz verde dos años después

El Pleno del Congreso ha debatido y ha votado las enmiendas que ha introducido el Senado a las leyes que componen el bloque de regeneración democrática: la reforma del Código Penal , el proyecto de ley del estatuto del alto cargo y el proyecto de ley del control económico-financiero de los partidos políticos. La primera de ellas ha contado solo con el apoyo de la mayoría absoluta del PP, mientras que las otras dos han tenido el respaldo también de los nacionalistas catalanes y vascos. El PSOE, en estas dos últimas, ha optado por la abstención, después de dar portazo a un posible acuerdo con el PP cuando estalló la operación Púnica. El plan se completa con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , que está aún en tramitación parlamentaria y no será aprobada hasta el verano.

Con las nuevas leyes, se prohíben las donaciones a los partidos procedentes de personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica, así como la condonación de deuda a los partidos por entidades de crédito. También se prohíbe la concesión de créditos en condiciones más ventajosas que las del mercado. Se reduce, además, a 50.000 euros el límite de donaciones de personas físicas y se publicarán en la web de las formaciones políticas todas las donaciones que superen los 25.000 euros.

En la ley se incluyen también fórmulas de participación más directa de los afiliados en los partidos, sobre todo en la elección de los órganos superiores. El ejercicio de los altos cargos estará regulado de una forma mucho más estricta. Se fija el régimen retributivo para que no haya abusos, se limitan los gastos de representación, se prohíbe el uso de tarjetas de crédito, se refuerzan las incompatibilidades, se controla su situación patrimonial al final de su mandato y se crea un sistema de alerta temprana de conflicto de intereses, entre otras medidas.

La reforma del Código Penal es la que ha provocado una mayor polémica en el Congreso, y ha dejado solo al Grupo Popular. El principal punto de enfrentamiento ha sido la aprobación de la pena de prisión permanente revisable , que el PSOE y el resto de la oposición ve «inconstitucional».

En relación con la corrupción política, el nuevo Código Penal incluye una novedad importante: se tipifica el delito de financiación ilegal de los partidos. Hasta ahora, no estaba en el Código Penal, ni como falta ni como delito. Además, se elevan los plazos de prescripción en los supuestos más graves, hasta los 15 años, y se incrementa la duración de las penas de inhabilitación para los delitos vinculados con la corrupción. Aumentará la vigilancia de la concesión y denegación de indultos: el Gobierno deberá remitir al Congreso un informe semestral.

Donde sí coinciden el PP y el PSOE va a ser en la Proposición antiyihadista. Se trata de la parte nuclear del pacto de Estado contra el terrorismo yihadista que firmaron Rajoy y Pedro Sánchez en La Moncloa el 2 de febrero, y que ha sido objeto de polémica dentro del PSOE, porque incluye la prisión permanente revisable.