Novedades de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La ley regulará por primera vez la intervención y registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realicen a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, siempre que medie autorización judicial. En casos muy concretos podrá hacerlo de forma autónoma la Policía durante 24 horas.

En determinados supuestos se prohibirá la comunicación del detenido con terceras personas, entre las que se incluye a su propio abogado. Esta medida, que se adoptará solo con autorización judicial y solo podrá mantenerse 24 horas, está orientada a «evitar comprometer de modo grave el proceso penal».

El juez competente podrá autorizar la utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación de software que permitan, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador o dispositivo electrónico si la medida resulta «idónea y proporcionada»

Para evitar sumarios interminables con cientos de imputados y las dilaciones en la instrucción, la ley regula dos cuestiones: por un lado, la posibilidad de despiezar un procedimiento para poder llevar cada una de las piezas a juicio en un tiempo razonable. Por otro, limita el plazo de instrucción penal a seis meses prorrogables a 18.

Se distinguen los asuntos sencillos de los complejos. Tendrán esta última consideración los que recaigan sobre organizaciones criminales; en los que se investiguen varios hechos punibles; los que cuenten con un gran número de investigados o de víctimas; los que impliquen el análisis de abundante documentación o actuaciones en el extranjero y delitos de terrorismo.

Los encargados de la investigación podrán ordenar a cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema informático o medidas aplicadas para proteger datos que les facilite la información que resulte necesaria. Desatender este requerimiento implicará un delito de desobediencia grave.