Ruz abre juicio a 11 acusados del «caso Pretoria» y pone 102 millones en fianzas

En el auto de apertura de juicio oral notificado este miércoles, el juez impone fianzas por un total de 102 millones de euros -oscilan entre los 30,1 millones y los 25.920 euros-, que corresponden a las multas solicitadas por las acusaciones incrementadas en un tercio, tal y como establece la ley, y les da diez días de plazo para depositarlas.

La Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación, presentado el pasado 29 de diciembre, pidió penas de 6 años y 10 meses de cárcel para Alavedra y Prenafeta y multas que suman 13,7 millones de euros para el segundo de ellos y 10,3 millones para el primero. Entre multas y decomisos reclamó que los 11 acusados pagaran 93 millones de euros.

Con esta decisión, Ruz lleva a juicio esta causa que abrió a finales de enero de 2009 su antecesor en el juzgado, Baltasar Garzón, y en la que llegaron a estar imputadas veinte personas, de las que casi la mitad fueron exoneradas a lo largo de la instrucción.

De lo investigado, se concluye que la supuesta trama de corrupción urbanística estaba liderada por Luis García, Luigi, para quien el fiscal pide 8 años de cárcel, y se calcula que esta red defraudó unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. Además de los ya citados, Ruz lleva también a juicio a Manuel Valera Navarro, Manuel Dobarco Touriño, José Singla Barceló, Manuel Carrillo Martín, Gloria Torres Pladellorens, Philip Mahan y María Lluïsa Mas Crussels (esposa de Prenafeta), todos ellos por tráfico de influencias y cohecho, ambos cometidos por particular y funcionario, y blanqueo de capitales.

Las fianzas más abultadas impuestas por el juez corresponden a los principales acusados: Luigi (30,1 millones), Prenafeta (18,2 millones), Alavedra (13,7), María Lluïsa Mas Crussels (12,6 millones).

Para el juez ha quedado acreditada la existencia, entre 2000 y 2009, «de una trama dirigida a la realización de labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a diversas operaciones urbanísticas desarrolladas en el ámbito municipal de determinadas localidades de Cataluña», en concreto de la provincia de Barcelona, «bajo la intervención principal del imputado» Luis García.