La «guardia pretoriana» de Jordi Pujol ocultó 20 millones en paraísos fiscales

En su escrito de calificación, la Fiscalía pide también la máxima pena –ocho años de cárcel y multas que suman 22,6 millones por diversos delitos – para el presunto líder y «conseguidor» de esta trama, el exdiputado del PSC Luis García, conocido con el apodo de resonancias mafiosas «Luigi». Solicita también seis años y diez meses de cárcel y multa de 4,1 millones para el exalcalde del PSC en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz.

El fiscal reclama además el decomiso a los acusados de las ganancias obtenidas de forma ilícita a través de esta trama: 5,8 millones de euros a Prenafeta y a «Luigi», respectivamente, 3,2 a Alavedra y 1,1 a Muñoz. Entre multas y decomisos, Anticorrupción pide un total de 93,7 millones de euros para los once imputados en esta causa, a los que acusa de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

La Fiscalía emitió su escrito de calificación después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz propusiera el pasado 18 de diciembre llevar a juicio a once imputados en esta trama, que se calcula que en total defraudó unos 45 millones de euros en tres operaciones urbanísticas en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.

Anticorrupción detalla las citadas operaciones y da cuenta de cómo, en el caso de Alavedra, Prenafeta y García, desviaron del fisco sus pingües beneficios por comisiones ilícitas mediante un entramado societario y ocultándolos en paraísos fiscales como Liechtenstein, Suiza, Andorra o las Islas Caimán. Con todo, los tres acusados se libran de los delitos fiscales, que ya han prescrito.

En el caso de Alavedra y Prenafeta, la investigación sobre sus cuentas ha servido para revelar que mantenían un ingente patrimonio –a nombre de sus esposas o testaferros – en estos paraísos fiscales, donde ocultaban los ingresos por estas y otras operaciones. Así, solo entre 1997 y 2008, Alavedra ocultó a Hacienda, mediante sociedades y cuentas «off-shore», un total de 5,4 millones de euros. En el caso de Prenafeta, la cifra evadida entre 2000 y 2007 asciende a 14,3 millones de euros.

Además de los ya citados, la Fiscalía pide tres años y seis meses de cárcel y multa de 9,4 millones por blanqueo para la esposa de Prenafeta, Mª Lluïsa Mas Crusells (la de Alavedra fue también encausada pero falleció el pasado julio), la misma pena de prisión que para el testaferro Philip MacMahan; tres años para Manuel Carrillo; dos años y nueve meses para Manuel Valera; dos años y seis meses para Gloria Torres, un año para Manuel Dobarco (exedil en Santa Coloma) y once meses para el constructor José Singla.

La Fiscalía, al igual que Ruz, considera probado que entre 2001 y 2009 se ejecutaron en Santa Coloma, San Andrés de Llavaneras y Badalona «unas operaciones urbanísticas que proporcionaron a los acusados la obtención de cuantiosos e ilícitos beneficios y comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial».

El «modus operandi» se repitió, con matices, en estas operaciones. Alavedra, Prenafeta y «Luigi», con la connivencia de Bartomeu Muñoz, se servían de sus influencias políticas para «manipular» las adjudicaciones urbanísticas públicas y percibían cuantiosas comisiones. En algún caso, invertían en ellas con su propio dinero –con sociedades cuya titularidad ocultaban– y, en otros, lo hacían las sociedades de los empresarios imputados. Luego, lograban las recalificaciones para que los terrenos o proyectos conseguidos se revalorizaran, para venderlos o en beneficio del empresario aliado.

En las citadas operaciones desempeñó un papel clave «Luigi», diputado autonómico del PSC entre 1980 y 1988 y «conocido en todo el entorno empresarial dedicado al ámbito inmobiliario por su papel de ‘conseguidor’». Según la Fiscalía, era «notoria la relación e influencia que ejercía sobre los cargos públicos integrantes de los órganos decisorios de las adjudicaciones públicas de esos municipios». De entre las relaciones de «Luigi», destaca la que mantenía con Bartomeu Muñoz, hasta el punto de que «Luigi» «tomaba muchas de las decisiones urbanísticas del Ayuntamiento de Santa Coloma y que Muñoz «asumía como propias, percibiendo por ello cuantiosas e ilícitas comisiones». A Muñoz, además, se le acusa de manipular el concurso público para adjudicar un contrato de limpieza en favor de uno de los imputados.

En cuanto a San Andrés de Llavaneras y Badalona, fue crucial el papel desempeñado por Prenafeta y Alavedra, quienes mantenían «una estrecha relación personal con el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol», subraya la Fiscalía.

Ambos, «sabedores de la facilidad con la que se movía Luis García en estos municipios» y de la «influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña, se concertaron con el anterior, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones», señala Anticorrupción. La Operación Pretoria, que dirigió el exjuez Garzón, estalló el 27 de octubre de 2009 de veinte personas.