Solo uno de cada diez detenidos por yihadismo en España acaba en prisión

En los dos últimos años buena parte de las investigaciones se han basado en la intervención de las comunicaciones de activistas dinamizadores del terrorismo a través de la Red, dado que los líderes de los grupos terroristas equiparan a estos activistas con los que participan directamente en la lucha armada.

«La ausencia de atentados relativiza la gravedad de la amenaza y devalúa la necesidad de articular una respuesta integral frente a este fenómeno terrorista, a diferencia de lo que sucede con el terrorismo interno en el que desde hace años se ha optado por una respuesta legal amplia que abarca no solo a los grupos armado, sino también a todo el entramado de cobertura y apoyo». El análisis aparece en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2010 para explicar la restrictiva doctrina jurisprudencial respecto al terrorismo yihadista. En ese mismo texto se afirma que la espina dorsal para responder con anticipación a esa actividad criminal son dos tipos penales: el delito de integración en organización terrorista y el de colaboración con esos grupos.

Año tras año la Fiscalía hace la siguiente acotación: «Nuevamente hemos de destacar la elevada cifra de absoluciones, claramente indicativa de las enormes dificultades legales que se plantean en estos procesos, en relación con el uso de las técnicas especiales de investigación y con la probanza de unos delitos singularmente enmarcados en un respuesta penal con la que se intenta adelantar la intervención judicial frente a las células terroristas , a las fases iniciales de la actividad criminal, antes de que se perpetren acciones contra la vida e integridad de las personas o los bienes. Estas dificultades determinan que en muchos casos las condenas impuestas lo sean no por delitos de terrorismo sino por delitos comunes». (2011 ).

El Gobierno está decidido a atajar esta realidad y a dotar de instrumentos legales a los investigadores, como informó ABC, sobre quienes recae la responsabilidad de la acción preventiva, la intervención ante la posibilidad de que se cometa un atentado. «El proceso de radicalización es muy rápido. Este tipo de terrorismo nos exige no perder un minuto y asumir un riesgo que no conocíamos», afirman desde la Unidad de lucha contra el terrorismo internacional (UCE 2) de la Guardia Civil. «Sería irresponsable no intervenir. Hay operaciones que ni siquiera terminan en detenciones pero sirven para neutralizar una eventual actividad. Probablemente se esté abortando un atentado cada vez que detienes a un individuo que se está radicalizando».

Los expertos consultados no consideran un fracaso la desproporción entre condenas y detenciones. «No existe una respuesta penal para todas las tipologías que nos encontramos. Es complejo probar determinadas actuaciones pero nuestra función ha de centrarse en evitar que alguien que se está radicalizando se convierta en terrorista, en monitorizar esos posibles espacios de radicalización».

Unos espacios que también cambian día a día. El adiestramiento, la propaganda, el reclutamiento ya no es un coto cerrado de foros en Internet más o menos restringidos. Ese material (desde vídeos de combates hasta manuales para fabricar bombas) se ha adaptado al público español y trasladado a perfiles abiertos en redes sociales como Faceboook o Twitter. En la última operación llevada a cabo en España por la Policía se detectó la captación de mujeres para enviar a la «guerra santa» a través de Facebook primero y grupos de WhatsApp después.

El lobo solitario, el combatiente retornado, el adoctrinamiento pasivo, la autorradicalización a través de web y el desplazamiento a lugares controlados por yihadistas son los siguientes objetivos legislativos para hacer frente a la amenaza indiscriminada.