Los abogados de ETA no declararon al fisco ingresos superiores a 1.300.000 euros

En el transcurso de la «operación Mate» se han llevado a cabo varios registros en domicilios y locales utilizados para el desarrollo de las actividades ilícitas que realizaron entre los años 2012 y 2013, incluida una sede del sindicato Lab en Bilbao.

La operación ha supuesto la desarticulación del entramado financiero que sustentaba económicamente al «colectivo de abogados», BL, y supone también la práctica desaparición de la estructura utilizada por ETA para mantener la voluntad de los presos bajo las directrices de la banda dentro del «frente de cárceles». En definitiva, según Interior, supone mantener la acción del Estado de Derecho frente a las actividades presuntamente ilícitas del «colectivo de abogados» de la banda y de quienes gestionaban las finanzas de ese grupo y de Herrira.

El «colectivo de abogados», integrado en el «frente de cárceles», es una estructura organizada, formada por letrados, que aprovechando la cobertura que les otorga su actividad profesional, ejercían sus funciones siguiendo las directrices marcadas por la banda terrorista, anteponiendo, de esta manera, los intereses de ésta a los de sus defendidos. Igualmente, participaban activamente en el mantenimiento del adoctrinamiento ideológico e informaban permanentemente a la dirección de la banda de la situación personal, jurídica y del compromiso de los presos con los postulados de la banda. Asimismo, trasladaba a los presos las directrices e instrucciones de la propia ETA. Toda una labor encaminada a prevenir posibles disidencias internas.

La «Operación Mate» realizada hoy por la Guardia Civil es fruto de distintas líneas de investigación. Unas derivan del análisis de la documentación intervenida en los registros efectuados en anteriores operaciones contra las diferentes estructuras del «frente de cárceles» y otras son consecuencia de investigaciones paralelas. El resultado de este amplio trabajo ha sido la identificación de los integrantes del «colectivo de abogados» como presuntos autores de un delito de integración en organización terrorista.

En concreto, la documentación intervenida en anteriores operaciones ha permitido determinar que las actividades para mantener a los presos bajo la disciplina de ETA se combinaban con una acción en el exterior sobre sus familiares mediante un entramado de apoyo social a favor de los mismos, que se veía complementada con medidas económicas y asistenciales.

Para desarrollar las funciones asignadas, «el colectivo de abogados» utilizaba las llamadas «rondas de control a los presos de ETA », en las que los letrados visitaban a los miembros de la banda en prisión y aprovechaban estos encuentros para «alimentarlos políticamente», trasladarles instrucciones, directrices y todo tipo de información.

De esta forma, los ahora detenidos llegaron a mantener anualmente contactos con la mayoría de los miembros de ETA en prisión. Realizaron visitas a más del 95% de los centros penitenciarios en los que hay internos de la banda. En unos casos contactaron directamente con los presos y en otros lo hicieron a través de los denominados «responsables de cárceles», es decir, aquellos presos de ETA designados por la organización terrorista para ejercer el control y dirección de los reclusos en cada prisión.

En la «Operación Mate» también han sido detenidas 4 personas que ejercían la labor de tesoreros de Herrira, organización que, pese a la suspensión judicial de sus actividades, continuaba dando soporte económico a las estructuras activas del «frente de cárceles» de ETA en España.

Herrira fue suspendida judicialmente de actividades por dos años tras haber asumido de modo integral y público los objetivos, estructura, funciones, métodos y procedimientos de financiación, iconografía y entramado comunicativo de las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna. Desarrolló actividades que históricamente desempeñaban estas últimas, lo que representaba una sucesión operativa de las mismas que puso de manifiesto que Herrira era la evolución organizativa de Gestoras Pro Amnistía y de Askatasuna.

Los detenidos como tesoreros de Herrira gestionaban los mismos recursos económicos que las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, además de utilizar las mismas técnicas, hasta el punto de asumir sus deudas pasadas y continuar su actividad. Entre sus funciones se encontraban la de efectuar los pagos a los letrados que formaban parte del «colectivo de abogados» por las actividades que realizaban.

En definitiva, el «colectivo de abogados» es un elemento fundamental para la transmisión de información entre ETA y sus militantes en prisión, subraya el Ministerio del Interior. Por ello, constituye un baluarte para garantizar la cohesión y el mantenimiento de la disciplina interna del EPPK. En este sentido, cabe destacar que estas funciones están exclusivamente dirigidas a los presos de ETA y a los de las organizaciones de apoyo que se mantienen bajo la disciplina de la organización terrorista y pertenecen al EPPK.

La «Operación Mate» complementa las realizadas por la Guardia Civil en septiembre de 2013 y enero de 2014 contra otras estructuras del «Frente de Cárceles» de ETA, Herrira y el KT-KoordinazioaTaldea, que lideraba Arantza Zulueta.