Aplazado el juicio a los «testaferros» de Batasuna por el golpe a los abogados de ETA

El tribunal, presidido por la juez Concepción Espejel, ha decidido aplazar el inicio de la vista oral hasta conocer la situación en la que queden los abogados de 19 de los acusados, arrestados en la operación, han informado fuentes jurídicas.

Los acusados afectados se han negado a renunciar a sus defensas mientras que los abogados presentes —entre ellos Iñigo Iruin y Jone Goiricelaia— no han querido asumir su representación. Después de que el juez encargado de la operación, Eloy Velasco, determine si los letrados detenidos quedan en libertad o son enviados a prisión, los magistrados de la Sección Segunda fijarán una nueva fecha para el juicio.

La Fiscalía acusa a los 35 procesados de un delito de integración en organización terrorista. Los fiscales Vicente González Mota y Dolores Delgado sostienen que se encargaron de contribuir a la estrategia de ETA para lograr que ésta pudiera mantenerse en las instituciones, tras la ilegalización de Batasuna, a través de los diferentes procesos electorales celebrados entre 2005 y 2009.

Entre los acusados que se sentarán en el banquillo se encuentran los exdirigentes de Batasuna Pernando Barrena, Marije Fullaondo y Juan José Petrikorena; la exalcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa) Inocencia Galparsoro; las exdiputadas Nekane Erauskin y Karmele Berasategui; y los presidentes de ANV, Kepa Bereziartua; y PCTV, Juan Carlos Ramos.

En junio de 2014 la Sección Segunda de la Sala de lo Penal retiró del procedimiento a Unai Fano, Ibon Arbulu, Imanol Iparraguirre, José Manuel Jurado, Ana Lizarralde y Teresa Díaz de Heredia, al haber sido juzgados por terrorismo en otros procedimientos, entre ellos los de EKIN y Uldabiltza Kursaal.

El escrito del fiscal detalla que «con el fin de eludir la acción de la justicia se pretendió participar ilegalmente en las elecciones mediante candidaturas que actuaran como meros testaferros de Herri Batasuna», tras haber sido anuladas en 2004 y 2005, respectivamente, las candidaturas de Herritarren Zerrenda y Aukera Guztiak.

En cuanto a la «colaboración» entre Batasuna y ANV -escindido del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en 1930-, el escrito detalla que «se compró con la reunión del 24 de enero de 2003 en Baracaldo (Vizcaya)», en un momento en el que Batasuna ya había sido suspendida de actividades, entre Permach e Ibon Arbulu, Antxon Gómez Llorente y Txano Guerrero en representación de ANV.

La citada «colaboración», según el escrito fiscal, se centró en la participación en todas las iniciativas puestas en marcha desde la denominada izquierda abertzale por Batasuna, lo que contempló la firma de manifiestos conjuntos, críticas de resoluciones judicicales que afectasen a Batasuna, homenajes a miembros de ETA o apoyo a manifestaciones y movilizaciones convocadas por colectivos de presos de ETA.

Con respecto a PCTV, el escrito recuerda que esta formación se creó como escisión de Batasuna en 2002 y que, pese a que en el artículo 2 de sus Estatutos se afirma que su actividad se realizará «por los medios políticos lícitos», lo cierto «es que esta formación ha sido fagocitada por Batasuna», lo que permitió la continuidad de las actividades ilícitas de ésta a partir de 2005.

Esta situación se produjo incluso a nivel de contratación de personal proveniente del entorno institucional de ETA como a través del uso de fondos que fue desviado a dicho entramado a través de transferencias efectuadas «on line» mediante el sistema de caja común, insiste el Ministerio Público en su escrito.

Los fondos de las cuentas de PCTV cuyo origen son las aportaciones de afiliados y simpatizantes de la izquierda abertzale (entre ellas resaltan las efectuadas por 7 miembros del Parlamento Vasco del grupo PCTV) y las subvenciones públicas a la citada formación por importe entre los años 2002 y 2006 de 1.613.245,59 euros.