Expedientan a tres radios por no emitir el anuncio de la consulta del 9-N

El CAC, que ha incoado la fase de información previa al expediente sancionador, invoca el artículo 82 de la Ley 22/2005 de la Comunicación Audiovisual de Cataluña, que establece la obligación de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de difundir, gratuitamente y con indicación de su origen, los comunicados y las declaraciones que el Gobierno de la Generalitat estime convenientes «por causas justificadas de interés público».

La decisión ha dividido al CAC. Dos consejeros, los propuestos por ERC (Salvador Alsius) y CDC (Yvonne Griley), votaron a favor de abrir expediente; los de PSC (Carme Figueeras) y PP (Daniel Sirera), en contra, y la consejera de Unió (Eva Parera), se abstuvo. El presidente, Roger Loppacher, propuesto por CiU, decantó la votación al votar a favor.

La actuación del CAC comenzó a raíz de la recepción de 60 quejas de particulares, que denunciaban la negativa de determinadas emisoras a difundir la campaña sobre el proceso de participación del 9-N. La Ser envió el 6 de noviembre un escrito en el que ponía de manifiesto su disconformidad con la obligación de emitir dos cuñas publicitarias y pidió la suspensión de la orden.

Posteriormente, el 25 de noviembre, la Generalitat se dirigió al CAC mediante un escrito del secretario de Comunicación de la Generalitat, Josep Martí i Blanch, en el que informaba del incumplimiento de la citada ley por parte de las tres emisoras.

La celebración del 9-N ha tenido consecuencias judiciales. El lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió a trámite la querella de la Fiscalía contra el presidente Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau. Ayer, cerca de 600 personas desfilaron por el Palacio de Justicia para autoinculparse de haber votado, entre ellas el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el número dos de CDC, Josep Rull.