Junqueras y Mas, en una imagen de archivo
Junqueras y Mas, en una imagen de archivo - abc
Cataluña

Expedientan a tres radios por no emitir el anuncio de la consulta del 9-N

Cope, Onda Cero y Ser rechazaron la propaganda del Gobierno catalán

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El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), órgano encargado de velar por los contenidos de radios y televisiones que emiten en territorio catalán, ha abierto un expediente a las emisoras privadas Cope, Onda Cero y Ser por negarse a emitir el anuncio institucional de la votación secesionista organizada por el Gobierno catalán el 9 de noviembre.

El CAC, que ha incoado la fase de información previa al expediente sancionador, invoca el artículo 82 de la Ley 22/2005 de la Comunicación Audiovisual de Cataluña, que establece la obligación de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de difundir, gratuitamente y con indicación de su origen, los comunicados y las declaraciones que el Gobierno de la Generalitat estime convenientes «por causas justificadas de interés público».

La decisión ha dividido al CAC. Dos consejeros, los propuestos por ERC (Salvador Alsius) y CDC (Yvonne Griley), votaron a favor de abrir expediente; los de PSC (Carme Figueeras) y PP (Daniel Sirera), en contra, y la consejera de Unió (Eva Parera), se abstuvo. El presidente, Roger Loppacher, propuesto por CiU, decantó la votación al votar a favor.

La actuación del CAC comenzó a raíz de la recepción de 60 quejas de particulares, que denunciaban la negativa de determinadas emisoras a difundir la campaña sobre el proceso de participación del 9-N. La Ser envió el 6 de noviembre un escrito en el que ponía de manifiesto su disconformidad con la obligación de emitir dos cuñas publicitarias y pidió la suspensión de la orden.

Colas para autoinculparse

Posteriormente, el 25 de noviembre, la Generalitat se dirigió al CAC mediante un escrito del secretario de Comunicación de la Generalitat, Josep Martí i Blanch, en el que informaba del incumplimiento de la citada ley por parte de las tres emisoras.

La celebración del 9-N ha tenido consecuencias judiciales. El lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió a trámite la querella de la Fiscalía contra el presidente Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau. Ayer, cerca de 600 personas desfilaron por el Palacio de Justicia para autoinculparse de haber votado, entre ellas el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el número dos de CDC, Josep Rull.