¿Se puede gobernar desde la cárcel?

Si nadie le hubiera hecho entrar en razón, el expresidente de la Diputación se habría convertido en el primer cargo público de la democracia en ejercer desde una prisión. ¿Hubiera sido posible? «Ser imputado es ser sospechoso de haber cometido un delito y, en consecuencia, el juez realiza una investigación», explica Ignacio Sanz, letrado titular de Sanz Cabrejas abogados penalistas. «Lo primero que hay que tener en cuenta -continúa- es que ser imputado no implica ser culpable, de manera que la ley no prevé la inhabilitación para el ejercicio de cargo o profesión alguna hasta el momento de la condena por sentencia firme».

Por tanto, nadie hubiera podido hacer nada. Ni siquiera su partido, el Partido Popular , o el mismo presidente del Gobierno. «La consecuencia jurídica de una imputación es diferente de la que puede tener una condena», añade Ricardo Ruiz de la Serna, abogado y profesor de Derecho de la Universidad CEU-San Pablo. «Las consecuencias de la imputación son, fundamentalmente, procesales (derecho a no declarar, asistencia de abogado) mientras que una condena sí puede llevar aparejada, por ejemplo, la inhabilitación para empleo o cargo público», explica.

«En estos casos, -continúa Ignacio Sanz- el partido podrá suspender de militancia al imputado pero nunca podrá obligarle a abandonar el cargo si ha sido elegido por los ciudadanos. A esa persona le pertenece el cargo hasta las siguientes elecciones», explica el experto.

Es decir, en todo sistema democrático, un político imputado puede seguir siendo alcalde o ministro y ejercer desde la cárcel hasta que sea condenado por sentencia firme, si es que definitivamente es declarado culpable. «Esta es una situación común en todo Occidente, no sólo en España, y tiene su fundamento precisamente en la necesidad de proteger la voluntad popular frente a posibles denuncias que tengan como único objetivo ‘derribar’ al rival político, desvirtuando la voluntad que el pueblo expresa en las urnas», afirma Ignacio Sanz.

Desde el punto de vista jurídico, por tanto, es legal que una persona imputada desempeñe su cargo. Marcos Martínez Barzón podría seguir dirigiendo en estos días la alcaldía de Cuadros desde la cárcel como en un principio pretendía auqnue con ciertas limitaciones. «Sus comunicaciones están limitadas más allá de su abogado defensor, no puede asistir a reuniones ni actos, no puede despachar asuntos con normalidad, ni hablar libremente por teléfono», describe Ruiz de la Serna. «La pretensión me parece un poco obscena», reconoce, pero legal.

Además, el también docente recuerda: «La imputación no debe convertirse en una condena anticipada, pero arroja una sospecha que es necesario despejar. La ciudadanía tiene derecho a que se haga justicia pero no al linchamiento mediático y social ni a la estigmatización de alguien que puede resultar inocente».

Precisamente, la Operación Púnica sigue su curso para destapar con exactitud en qué consiste la trama, quienes están implicados y qué funciones desempeñaban presuntamente los imputados. Pero mientras todo este proceso se desarrolla, ¿sería moral que Marcos Martínez hubiera seguido siendo alcalde de Cuadros?

Por el bien de la democracia, tal y como alega Ignacio Sanz, todo imputado debería apartarse de su cargo. «Así se entiende en muchos países, especialmente en los anglosajones, cuyos ciudadanos consideran que, con todo el respeto para la presunción de inocencia, es lo mejor para la democracia», afirma.

«Lo legal no siempre es moral ni lícito, es decir, justo», explica también Ruiz de la Serna. «A mi juicio, un mínimo deber de responsabilidad impone la dimisión de las responsabilidad públicas de gobierno si la persona ingresa en prisión provisional. Por muy inocente que, al final, pueda resultar, es claro que no va a poder asumir sus responsabilidad y cumplir con sus obligaciones de gobierno o de representación desde la cárcel. Me parece que, aquí, el interés de los ciudadanos sí exige que deje aquellas responsabilidades que no pueda atender».

En cualquier caso, «las consideraciones morales están al margen de la ley», reseña Ignacio Sanz. «Otra cosa -puntualiza- es que nuestro nivel de exigencia política debe elevarse hasta el punto de exigir la dimisión de cualquier político que sea imputado, sea o no de nuestro partido predilecto, pero en este caso hablamos de medidas políticas, no legales». Y finaliza: «Depende de la calidad democrática de su sociedad y sus políticos entender que un imputado no puede ejercer cargo público».