Así estaba organizada la trama Púnica

Francisco Granados. Exconsejero de la Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP en Madrid entre 2004 y 2011. Titular de cuentas en Suiza sospechosas de blanquear dinero, el juez cree que a lo largo de su carrera pública habría beneficiado en materia de contratación pública y urbanismo a su amigo y empresario David Marjaliza y a otros como José Luis Huerta. Para ello formó parte de la trama de tráfico de influencias, que utilizó en beneficio propio . Diversas operaciones inmobiliarias inducen a sospechar que los bienes que las integraban fueron la contraprestación que recibió de los empresarios. (Prisión incondicional).

David Marjaliza. Empresario amigo de Granados y titular también de cuentas en Suiza sospechosas de blanqueo. «Cabeza» de un amplio entramado empresarial, núcleo de la organización criminal desmantelada. Se benefició de sus relaciones personales y políticas para lograr adjudicación irregulares para sus empresas y las de otros, por lo que recibía también comisiones. Creó un complejo entramado empresarial para ocultar los beneficios lícitos y delictivos de su actividad empresarial. Con ello intentaba dificultar que se le vinculara con las adjudicaciones que recibía en concierto con autoridades públicas y funcionarios corruptos. (Prisión incondicional).

Alejando de Pedro Llorca. Empresario. Uno de los «conseguidores» de la trama. Es también la «cabeza» de otro importante entramado de tráfico de influencias alternativo al de Marjaliza. Presta servicios en Internet para «prestigiar» autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto. Estos trabajos le abrían una red de contactos con autoridades que le facilitarían la contratación en otros sectores (para sí o para otros) en Murcia, León y Madrid. (Prisión incondicional).

Martín Marcos Martínez Barzón. Presidente de la Diputación de León (PP). Habría puesto en marcha varios procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente fueron invitadas empresas vinculadas al «conseguidor» Alejandro de Pedro a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación. Tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos. (Prisión incondicional)

José Carlos Boza Lechuga. Alcalde de Valdemoro, Madrid,(PP). Dimitido. Durante su mandato existen indicios de que se han favorecido de manera continuada a empresas vinculadas a Marjaliza y otros empresarios en materia de contratación pública y promoción urbanística, mediante adjudicaciones irregulares, revelación de información y otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcialidad de la administración a los intereses particulares de ciertos empresarios. (Prisión incondicional)

José Antonio Alonso Conesa. Exalcalde de Cartagena (PSOE). Supuesto «cabeza» de un entramado de tráfico de influencias, se concertó con autoridades en Madrid, Murcia y León para la adjudicación de contratos públicos o para la facturación de trabajos a la administración a través de contratos públicos adjudicados a terceras empresas. Junto a Alejandro de Pedro, participa en su estrategia de mejorar la reputación en Internet de políticos. (Libertad)

Gonzalo Cubas Navarro. Alcalde de Torrejón de Velasco, Madrid, (PP) y cuñado de David Marjaliza. Seguía las instrucciones de Marjaliza sobre cuándo y a quien facturar, manteniéndole puntualmente informado de este y otros aspectos que atañen a sus sociedades. Estaría articulando un procedimiento para adjudicar a una empresa del grupo de Marjaliza unas obras subvencionadas para la rehabilitación de un río de la localidad. (Prisión provisional eludible bajo fianza de 60.000 euros)

José María Fraile Campos. Alcalde de Parla, Madrid, (PSOE). Dimitido. Como regidor participa en los órganos de contratación del Ayuntamiento y sería conocedor de los pagos comprometidos por Cofely (la principal adjudicataria de los contratos de la trama), que obtuvo un contrato de 54 millones de euros. Se detectó que se había seleccionado como empresa auditora a Ruta Energética (vinculada a Marjaliza), que encubrió el pago de la comisión pactada por la adjudicación, y la entrega de cohechos a autoridades y funcionarios del Ayuntamiento que han intervenido en el contrato. (Prisión provisional eludible bajo fianza de 60.000 euros)

Agustín Juárez López de Coca. Alcalde de Collado Villalba, Madrid,(PP). Evidencias de que adjudicó un contrato a Cofely por 39 millones de euros y, a cambio, los miembros de la Corporación local implicados recibirían al menos de la multinacional francesa varios pagos de 70.000 euros, materializados en un sistema de facturas falsas entre el grupo de empresas de Marjaliza y Cofely. (Libertad bajo fianza de 40.000 euros con comparecencia mensual)

David Rodríguez Sanz. Alcalde de Casarrubuelos, Madrid, (PP). Se pone totalmente en manos de Pedro García y Marjaliza para la redacción de los pliegos de un contrato de eficiencia energética, lo que le facilita a Cofely un conocimiento e influencia privilegiados sobre el contrato de cara a su adjudicación. (Libertad con la obligación de comparecencia mensual)

José Javier Hernández Nieto. Concejal de Hacienda de Valdemoro, Madrid, (PP). Favoreció de manera continuada a empresas vinculadas a Marjaliza y a otros empresarios.

Alejandro Utrilla Palombi. Concejal de Medio Ambiente de Móstoles, Madrid, (PP). En este municipio se adjudicó a Cofely un concurso por 72 millones de euros, que concurrió en una situación de ventaja frente a otros, fruto de acuerdos previos. Se reúne con Cofely para abordar la entrega y justificación de 240.000 euros que la empresa tiene comprometida en este municipio. (Libertad con la obligación de comparecencia mensual)

Avelino Pérez Pallares. Asesor de IU en la Concejalía de Sostenibilidad, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Parla. Encargado de la supervisión del contrato de 54 millones de euros adjudicado a Cofely en este municipio e intermediario en los pagos y la partida presupuestaria del contrato. (Libertad bajo fianza de 20.000 euros con comparecencia mensual)

José Luis Huerta Valbuena. Dueño de la empresa Waiter Music, adjudicataria históricamente de numerosos contratos públicos en municipios de Madrid y en empresas públicas de la Comunidad de Madrid, donde Granados ocupó cargos relevantes. El Ayuntamiento de Valdemoro fue uno de sus principales clientes de 2004 a 2013. También contrató con empresas públicas madrileñas durante el mandato de Granados. (Prisión provisional eludible bajo fianza de 300.000 euros)

Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela. Empresario. Participa junto a Alejandro de Pedro en la articulación de los procedimientos públicos de contratación de la Diputación de León que están predeterminados a su adjudicación a empresas vinculadas a aquel. (Libertad con la obligación de comparecencia mensual).

Didier Maurice. Director General de la empresa Cofely España. Conocedor y partícipe de los delitos contra la administración pública de los que se ha servido esta sociedad para adjudicarse contratos públicos millonarios en diversas administraciones, haciendo uso de una red de tráfico de influencias como práctica habitual para lograr dichos contratos y articulando una trama de facturas e informes falsos para acometer el pago de los cohechos comprometidos. (Prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000 euros)

Constantino Álvarez de la Cueva. Director comercial de la empresa Cofely España. Lo mismo que a Didier Maurice. (Prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000 euros)

Pedro García Pérez. Director de mercado publico de la empresa Cofely España. Principal interlocutor y articulador de los contratos a su empresa. (Prisión incondicional)

José Antonio Hernández Pérez. Jefe de centro operacional de Cofely. Conocedor y participe de los delitos. (Prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000 euros)

José Martínez Nicolás. Consejero delegado de la Agencia de informática y comunicación de la Comunidad de Madrid (Dimitido). Participa en la trama de facturas falsas que se emplean para pagar los trabajos realizados por Alejandro de Pedro de reputación de altos cargos de la Comunidad de Madrid. (Libertad con la obligación de comparecencia mensual)

Jesús Norberto Galindo Sánchez. Gerente del Instituto de Turismo de Murcia. Se encarga de materializar el procedimiento público de contratación concertado para ser adjudicado a Alejandro de Pedro, articulando con este la presentación de ofertas y la justificación del contrato, que son redactadas y facilitadas por él. (Libertad con la obligación de comparecencia mensual)

Antonio Borrego Fortea. Jefe de Gabinete de Jose María Fraile en Parla. Gestiona uno de los cohechos acordados que se habría materializado mediante una supuesta donación de Cofely y controla la ejecución del contrato, siendo conocedor de todos los parámetros irregulares de su preparación y adjudicación. (Prisión provisional eludible bajo fianza de 60.000 euros)

Alfredo Ovejero López. Jefe de gabinete del Ayuntamiento de Valdemoro. Conocedor y participe de los contratos irregulares concedidos por el Ayuntamiento. (Prisión provisional eludible bajo fianza de 25.000 euros)

José Luis Navarro Soto. Arquitecto municipal en Valdemoro. Forma parte de la trama de Marjaliza y empresas vinculadas a este arquitecto habrían intervenido en importantes proyectos urbanísticos en la localidad de Valdemoro, cuya aprobación y desarrollo dependen en buena medida de informes y autorizaciones del departamento que dirige el propio arquitecto municipal. (Prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000 euros)

Marco Durán Benítez. Técnico municipal del Ayuntamiento de Serranillos del Valle (UDMA). Alteró la valoración de las ofertas de un concurso de un contrato de eficiencia energética del municipio para favorecer la adjudicación del mismo a Cofely, con la connivencia del alcalde. (Libertad con la obligación de comparecencia mensual)

Ana María Ramírez Fernández. Accionista y administradora en varias empresas del grupo de Marjaliza, constituye su mano derecha y se encarga de la gestión diaria de sus empresas. Es parte imprescindible de la articulación de su complejo entramado empresarial y la ocultación de los beneficios. Participó supuestamente en el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos y en la trama de facturas falsas para lograr efectivo para el pago de cohechos. (Prisión incondicional)

Antonio Serrano Soldado. Administrador y socio de empresas vinculadas a Margaliza, del que era testaferro y participó en contratos públicos de eficiencia energética adjudicados de forma irregular. (Prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000 euros)

Eduardo de la Peña Pérez. Administrador en varias empresas del grupo de Marjaliza vinculadas a la construcción y reformas que emplea para la generación de facturas falsas para la consecución de efectivo para el pago de cohechos. (Prisión provisional eludible bajo fianza de 50.000 euros)

Antonio Cándido Ruiz García. Administrador y socio de empresas vinculadas a David Marjaliza. Se le atribuye la condición de testaferro de éste, actuando como tal al objeto de evitar la vinculación de la actividad empresarial y de sus beneficios con el «conseguidor» amigo de Granados. (Prisión provisional eludible bajo fianza de 25.000 euros)

Víctor Manuel Ortega Martínez y Manuel Casado del Castillo. Participan en el pago de los cohechos vinculados al contrato de eficiencia energética de Collado-Villalba por valor de 39,4 millones de euros, actuando de interlocutores entre el Ayuntamiento y Cofely. (Libertad con cargos y fianzas de 6.000 euros)

José Manuel Rodríguez Talamino. Guardia Civil de la UCO. Filtró a Granados la existencia de la investigación. (Libertad con cargos)