El dinero blanqueado por Granados volvía a España como falsas exportaciones

«En estas cuentas -añade el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6- constan numerosas operaciones de compraventa de activos financieros, divisas y transferencias internacionales de capital a otros países en América, tanto en euros como en dólares». Como informó ABC, a Marjaliza los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le intervinieron 50.000 euros y 20.000 dólares en efectivo durante los registros.

«Las investigaciones realizadas -continúa el magistrado- han permitido cerrar el círculo de la operativa de blanqueo en la que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación».

Velasco confirma por tanto que la organización disponía de una trama societaria con la que blanqueaban el dinero de las comisiones obtenidas de las adjudicaciones de obras y contratos de suministros. Hay que recordar en este mismo sentido que dos despachos de abogados son investigados por si hubiesen colaborado en el diseño de esa estructura de blanqueo.

Los autos precisan además que se ha podido descubrir «una trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos , aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios de muy diferente tipo que, dependiendo de autoridades públicas, actuaban en beneficio de las personas físicas y jurídicas que formaban parte de la trama».

La investigación sostiene que Francisco Granados era quien abría las puertas de los despachos de los políticos gracias a sus contactos, y que luego ya intervenía Marjaliza para conseguir las adjudicaciones a la empresa que le interesaba, a cambio de comisión.

Afirma además el juez que en varios «ayuntamientos se han instrumentado procedimientos de contratación pública concertados con empresas de la órbita de los investigados, influyendo éstos a lo largo de todo el expediente de contratación desde su preparación y redacción hasta la valoración de las ofertas y su adjudicación».

Algunos de esos contratos han alcanzado los cien millones de euros en todo el tiempo que están vigentes y «las autoridades municipales se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa» y falseamiento de informes técnicos que «reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado», o bien se han adjudicado trabajos sin contrato previo.

El juez relata asimismo que «se han detectado personas que disponiendo de una amplia red de contactos de un entramado propio del tráfico de influencias, se han puesto a disposición de terceros para conseguir asimismo la adjudicación de contratos y servicios públicos de diversa índole», trabajo que realizaban los «conseguidores» de la organización, David Marjaliza y y Alejandro de Pedro. «En todos ellos, el pago de distintas comisiones facilitaba la consecuención de contratos públicos, cometiéndose diversos delitos contra la Administración Pública».

Cofely, cuatro de cuyos directivos fueron detenidos en la operación, sería la empresa que se ha beneficiado de más adjudicaciones, la mayoría de ellas en los ayuntamientos madrileños de Valdemoro, Parla, Collado Villalba, Móstoles, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos y Serranillos del Valle.

Además el juez ha pedido información sobre otra que iba a obtener en Almendralejo (Extremadura) y alguna de las que ganó en la Comunidad de Madrid.

La alarma ha hecho que muchas de las administraciones que han contratado con esa empresa -Leganés, Castilla y León, Vitoria y Consell de Mallorca, entre otras- estén revisando los procedimientos. También varios ministerios han llegado a acuerdos con Cofely, por un valor global de 4,5 millones de euros. No obstante, no todas las adjudicaciones están bajo sospecha.