Ferraz actuó «de oficio» contra los 16 beneficiarios de las tarjetas de Caja Madrid

Se trataba, explicó Luena, quien da por hecha su expulsión del partido, porque lo ocurrido «es incompatible con la militancia socialista», de no dejar ningún resquicio a una sensación de impunidad.

Los afectados tienen un plazo para entregar a la instructora del expediente, la miembro de la Ejecutiva federal Susana Sumelzo, las alegaciones que crean oportunas. Pero es cuestión de tiempo esa expulsión si no se dan de baja antes los afectados, entre quienes se encuentran personalidades de renombre como el exvicesecretario general, Antonio Romero; el expresidente de la Asamblea, Ramón Espinar; el exdiputado José Acosta o el analista que fue en el gabinete de La Moncloa Ignacio Varela.

El artículo 41 e) del reglamento de los afiliados considera falta muy grave «la falta de probidad u honradez en el desempeño de cualquier cargo público u orgánico», lo cual es absolutamente aplicable a todos ellos porque fueron nombrados consejeros de Caja Madrid a propuesta del PSOE.

También es falta muy grave, según el artículo 41 l) «cualquier actuación que, contradiciendo los principios del partido o suponiendo una mala conducta cívica o ética, sea considerada muy grave por la Comisión Ejecutiva Federal»; teniendo en cuenta que el propio secretario general ha calificado de «desverguenza», el desenlace del expediente está cantado.

Las faltas muy graves prescriben a los 18 meses de ser cometidas -el uso de las tarjetas fue entre 2003 y 2012- pero, según el artículo 42.3 de ese mismo reglamento, el plazo también se puede computar «a partir de que el órgano competente (la Comisión de Garantías) tenga conocimiento de la falta».

César Luena insistió en que, sin prejuzgar el resultado del expediente, «he dado instrucciones de que sea lo más duro posible» porque no es tolerable en un cargo socialista ese uso de dinero sin control.