Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy
Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy - Jaime García
Desafío Cataluña

La respuesta del Gobierno a la consulta separatista del 9-N, paso a paso

Un Consejo de Ministros extraordinario dará luz verde a los recursos, que suspenderán de inmediato la convocatoria de Mas

Actualizado:

El Gobierno responderá al desafío independentista de Artur Mas con tranquilidad, pero con celeridad. Así lo avanzó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que finalmente no encabezará la respuesta del Ejecutivo ya que el presidente Mariano Rajoy, que regresa este sábado de un viaje de varios días en China, convocará el Consejo de Ministros el próximo lunes. Los recursos están preparados desde antes de la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón y será un Consejo de Ministros extraordinario lo que dé luz verde a las impugnaciones.

Convocatoria de la consulta

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha firmado este sábado el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre. La convocatoria ha salido además publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc).

Recursos contra la ley y la convocatoria

Los servicios jurídicos del Estado tienen preparados desde hace días los recursos que interpondrán contra la ley de consultas catalana y el decreto ante el Tribunal Constitucional. Es el último servicio de Gallardón como ministro de Justicia. Nada más aprobarse la ley la Abogacía del Estado revisará con lupa los textos para que no quede ningún resquicio legal al que Gobierno y Parlamento catalán se puedan agarrar. A continuación, un Consejo de Ministros extraordinario tiene que autorizar al presidente del Gobierno a impugnar las leyes ante el órgano de garantías. Es un trámite necesario.

Rajoy presidirá el Consejo

Mariano Rajoy regresa este sábado a España, procedente de China, y el próximo lunes presidirá la reunión del Consejo de Ministros en la que se decidirá presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la convocatoria de la consulta que pretende celebrar el presidente de la Generalitat. Esa reunión estará presidida por el jefe del Ejecutivo, aunque todo dispuesto para que si Mas hubiera firmado antes la convocatoria, la reunión se hubiera desarrollado bajo la presidencia de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

De ninguna manera se habría producido un vacío legal. Cuando el presidente del Gobierno sale del territorio nacional, en Moncloa se pone en marcha un procedimiento que es automático, según la ley del Gobierno, y la vicepresidenta pasa a ser presidenta del Gobierno en funciones, con todos los efectos jurídicos que eso supone. Es decir, puede presidir un Consejo de Ministros y puede ordenar a los servicios jurídicos del Estado que interpongan los recursos de inconstitucionalidad pertinentes contra la ley de consultas y la convocatoria del referéndum.

Suspensión automática

Solo cuando la ley aprobada se publique en el Boletín Oficial de Cataluña podrá ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. La mera admisión a trámite del recurso del Gobierno lleva consigo la suspensión automática de la norma impugnada, aunque los magistrados no entren en ese momento en el fondo del asunto. El TC deberá decidir cuando convoca un pleno extraordinario para debatirlo, ya que no hay ningún pleno ordinario previsto para la próxima semana. Se espera una reunión rápida y que el pleno admita el recurso, lo que paralizará de inmediato la convocatoria de consulta, con todos sus efectos, al menos durante un periodo de cinco meses prorrogables.

¿Y si Mas desobedece?

Si el presidente de la Generalitat, Artur Mas, desobedece la resolución judicial que suspende la consulta, entraría en juego el Derecho Penal de la mano de la Fiscalía. Torres-Dulce está preparado para querellarse contra Mas y los miembros de su gobierno por desobediencia, lo que, en caso de ser condenado, le apartaría de la política.

Asumir Educación y Seguridad

Si aun así, los rupturistas siguen adelante, y llegan a sacar las urnas el 9-N, el Gobierno podría asumir las competencias que en materia de Seguridad y Educación tiene transferidas esa comunidad.