La falta de consenso deja la «tercera vía» en punto muerto
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe a Artur Mas en la Moncloa - ignacio gil
Viaje a ninguna parte

La falta de consenso deja la «tercera vía» en punto muerto

El Gobierno cuestiona la «viabilidad» de propuestas dispares y sin apoyos suficientes

MARIANO CALLEJA
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El coro de voces que cantan por la «tercera vía» catalana se ha hecho más fuerte en vísperas de la reunión de Mariano Rajoy y Artur Mas en el Palacio de la Moncloa. Manifiestos, declaraciones y propuestas diferentes, a menudo contradictorias, se aúnan bajo el paraguas de ese término tan políticamente correcto, y que ha sido usado para múltiples situaciones políticas, nacionales e internacionales. En el caso catalán, las distintas propuestas que se bautizan como «terceras vías» tienen como denominador común su oposición a la independencia pura, dura e ilegal que exige Artur Mas, pero también a la firme defensa de la Constitución que ejerce Mariano Rajoy. En medio cabe casi todo, desde la consulta «legal» de Unió hasta la Constitución «catalana» del PSC, pasando por la reforma federal del PSOE. Ni se trata de una sola propuesta, ni goza por tanto de un consenso amplio, sino parcial y fragmentado, por lo que más bien cabría hablar de alternativas en «vía muerta».

¿Pero qué es la tercera vía? Aún hoy sigue siendo la pregunta más repetida cuando se habla de esta alternativa, o alternativas, a las posiciones de Artur Mas (referéndum ilegal sobre la independencia) y de Mariano Rajoy (defensa de la Constitución y de la soberanía nacional). Lo primero que aparece ante esa cuestión es la gran inconcreción que rodea al término «tercera vía». Son muchas propuestas dispares, que coinciden en la búsqueda de otro «encaje» de Cataluña en el Estado que satisfaga a unos independentistas que, como su nombre indica, lo que persiguen es la secesión, y no otra cosa. Tarea, por tanto, difícil.

«Derecho a decidir»

Si se habla de la «tercera vía» que defiende Duran Lleida (presidente de Unión Democrática), ésta incluye una consulta sobre el estatus de Cataluña, que evite una pregunta directa sobre la independencia, un pacto fiscal, competencias exclusivas sobre lengua, cultura y modelo educativo, presencia en organismos internacionales y reconocimiento del derecho a decidir.

La «tercera vía» del PSC, con Miquel Iceta recién elegido líder, es diferente. Defiende una consulta, pero siempre «legal y acordada» con el Estado, así como una reforma de la Constitución que reconozco a Cataluña como nación, y, de remate, una Constitución propia catalana. El PSOE de Pedro Sánchez también tiene su propia «tercera vía» con matices: rechaza el referéndum, sí, pero exige una reforma constitucional para alcanzar un sistema totalmente federal, aunque los detalles siguen siendo un misterio.

La opciones se multiplican en el Congreso, como se ha comprobado en los últimos debates sobre el estado de la Nación. Puede hablarse de tantas «terceras vías» para afrontar el desafío independentista como grupos y partidos hay en la oposición. Hay quien propone un federalismo simétrico, otros lo prefieren asimétrico, un sector apuesta por el confederalismo, los más radicales quieren que se reconozca el derecho de autodeterminación, y algunos prefieren «refundar» el Estado y empezar otra vez de cero.

Pero hay más «terceras vías» procedentes de la sociedad civil, como la que propone el Círculo de Economía catalán. En su caso no quiere etiquetas de ningún tipo, pero su propuesta, más moderada y ambigua, podría entrar en este «club». Plantea, sin detalles concretos, un rearme de la democracia mediante una reforma de la Constitución para adaptarse a la «convicción social dominante»... en Cataluña, obviamente.

Desde Sociedad Civil Catalana Joaquim Coll explica que esta plataforma apoya las medidas que sean claras, que aúnen mayorías y que sirvan para resolver los problemas reales y generales, y no para contentar exclusivamente a los soberanistas, porque esa «no es la solución». «El camino no es ahondar en bilateralidades», señala. Esta plataforma no se opone a una reforma constitucional, pero siempre que se haga con un planteamiento «global, para resolver los problemas del conjunto del Estado», y no para dar una salida al problema generado por Mas.

La postura del Gobierno

El Gobierno no se cierra a una reforma de la Constitución, pero fija unos requisitos: que haya un objetivo claro y compartido, que exista un consenso amplio sobre lo que se quiere cambiar y que el momento político sea oportuno. Lo que sea España, defiende Rajoy, lo decidirán el conjunto de los españoles. Esa es la regla de oro (garantizada en el artículo 1.2 de la Constitución, por otra parte). Por eso desde Moncloa se observa con escepticismo la llamada «tercera vía».

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió el viernes, después del Consejo de Ministros, que es en el Congreso donde, finalmente, tendría que debatirse y, en su caso, aprobarse una «tercera vía», y lo que se observa allí es un cúmulo de propuestas contradictorias y ningún consenso. Por eso duda de la «viabilidad» de la «tercera vía», y recuerda, de paso, que con la Constitución España se convirtió en uno de los países más descentralizados del mundo. Si se revisa el modelo, éste tendría que servir y agradar al conjunto de las administraciones.

FAES publicó recientemente un análisis sobre la «tercera vía» y la posibilidad, planteada por algunos de sus promotores, de que se incorpore a la Constitución una disposición adicional que reconozca a Cataluña como nación, se blinden competencias para la Generalitat y se cree una agencia tributaria catalana. «¿Si esto es un pacto, cuál es la contrapartida del nacionalismo catalán? Que algunos se pudieran quedar provisionalmente satisfechos, y de paso reivindicaran los logros de una estrategia de ruptura, no parece suficiente. Peor aún, sería una invitación a la reincidencia», señala la Fundación.

¿Y qué piensan los ciudadanos? En el último barómetro del CIS se preguntaba por distintas alternativas de organización territorial. El 35,3 por ciento dejaría el Estado como está y el 29,3 por ciento quitaría poder a las autonomías. Solo el 8,4 por ciento defiende el derecho de autodeterminación (un porcentaje que sube hasta el 56,4 por ciento entre los votantes de CiU).