Las indemnizaciones, la última batalla de las tragedias por accidente

El anuncio de Garcés, se refiere concretamente a los accidentes ferroviarios como la tragedia de Angrois , que dejó 79 fallecidos y más de un centenar de heridos tras descarrilar un tren en Santiago . Fomento ha afirmado que las indemnizaciones de accidentes ferroviarios de competencia estatal pasarán de 36.060 euros a 72.120 tras modificar el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros. En el caso de Adif, la aseguradora Allianz está pagando entre un 25% y un 66% más del mínimo fijado por ley.

Para decidir qué indemnización le corresponde a cada víctima, siempre se toma de referencia un baremo. En el caso de este reglamento, se divide a las víctimas hasta en catorce categorías que van desde el fallecimiento (tasado hasta el momento en 36.060 euros por víctimas) hasta hemiplejía completa (segundo grado y 30.050 euros) u otras menores como romperse el húmero (de categoría 14 y cifrado en 1.202 euros).

En el caso de Angrois, cuyo proceso judicial aún no está cerrado, las indemnizaciones podrían variar, dependiendo de quién resulte responsable en el juicio. La aseguradora del culpable podría hacer aumentar la cuantía de las indemnizaciones a las víctimas.

En algunas ocasiones, el reparto de indemnizaciones resulta polémico. Es el caso de la batalla legal que arrastran Mapfre y las víctimas del accidente de Spanair ocurrido en agosto de 2008. Desde que se archivara la causa penal y comenzase la guerra por los pagos, la compañía aseguradora ha conseguido llegar a acuerdos con 70 afectados de las 154 personas que resultaron fallecidas y con 11 de los 18 supervivientes.

Aún así, el pasado martes, y casi seis años después del accidente, tuvo lugar la última audiencia en el juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid. Un grupo de 71 solicitantes reclamaba 42 millones de euros por daños y perjuicios, mientras que la compañía ofreció 4,7 millones a estos afectados. Por falta de acuerdo, finalmente se decidirá en un juicio fijado para el 24 de febrero de 2015.

El conflicto reside en este caso en los parámetros para valorar el daño, pero también en quién tiene derecho a las indemnizaciones. Fuentes de la aseguradora afirman que un tercio del número total de demandantes no se tiene derecho a la condición de perjudicado por no ser familiares directos de los afectados.

Durante todo el largo proceso, la aseguradora ha ofrecido hasta un 30% más del baremo que se ha tomado como referencia para conceder estas indemnizaciones. Por ejemplo, para el cónyuje de un fallecido, la indemnización correspondiente rondaría los 151.846 euros siguiendo esta estimación. Aún así la aseguradora aún tiene 20 procedimientos (18 civiles y dos laborales) abiertos a día de hoy.