El líder de la célula yihadista desarticulada pudo sufrir torturas en la cárcel de Guantánamo

Ruz adoptó esta decisión en un auto a pesar de la limitación de la jurisdicción universal y volvió a preguntar a Estados Unidos, tal y como hizo en 2009, si ha investigado estos hechos. Ikasrrien ha sido ahora detenido de nuevo tras años residiendo en España. Fue trasladado a Guantánamo después de ser arrestado en Afganistán en 2001 tras la intervención militar de EE.UU. en ese país contra el gobierno talibán como respuesta a los ataques del 11S.

Ikasrrien encabezaba al grupo de nueve detenidos en Madrid esta madrugada en una operación desarrollada por la Comisaria General de Información de la Policía Nacional. Los detenidos son españoles, marroquíes y también hay un argentino. Todos ellos residían legalmente en España y las fuentes consultadas llaman la atención acerca del nivel de especialización del grupo y su grado de experiencia, especialmente la del propio Ikasrrien.

Reclutaban y enviaban terroristas a Irak y a Siria para combatir a las órdenes del grupo terrorista ISIL (Estado Islámico para Irak y Levante) que disputa la hegemonía del yihadismo terrorista a Al Qaida. Cuenta con una fuerte presencia en el conflicto sirio y ahora ha puesto en jaque al Gobierno de Nuri Al Maliki en Irak conquistando ciudades clave del país.

Ruz investiga varios delitos de torturas y delitos contra la integridad moral en concurso con uno o varios delitos de crímenes de guerra y en su auto del pasado abril anunciaba que preguntará al Tribunal Supremo si considera que Estados Unidos ha perseguido estos hechos de forma eficaz.

Se trata de las torturas que habrían sufrido en la prisión estadounidense Hamed Abderraman Ahmed, nacido en Ceuta y conocido con los alias de «Hamido» y el «talibán español»; el marroquí Lahcen Ikassrien, con residencia y arraigo en España; el palestino Jamil Adullatif El Banna y el libio Omar Deghayes.

En su resolución Ruz destacaba que los Convenios de Ginebra y la Convención contra la Tortura obligan a los estados firmantes a perseguir este tipo de delitos y que la recién reformada Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece en su artículo 23.5 que los delitos de jurisdicción universal no se perseguirán en España si se acredita que están siendo investigados en un tribunal internacional o en el estado del lugar en el que se cometieron los hechos.

Por ello, para emitir «un juicio ponderado y racional» sobre la «posible concurrencia del principio de subsidiariedad» entre la Justicia española y la estadounidense, el juez volvía a dirigirse a las autoridades norteamericanas para que informen sobre «la evolución y estado actual de las investigaciones» que se están llevando a cabo sobre esta materia.