El fraude de los cursos de formación apunta a los consejeros de Empleo del caso ERE

Y es que el nuevo caso de corrupción, ahora en manos de la Policía, se produce en el mismo departamento de siempre, el que gestionaba el dinero que de los parados andaluces. Y se suma a otro ya archiconocido: el de los ERE fraudulentos. Que, por otra parte, tampoco es el único. Con la misma consejería de fondo, hay sumarios abiertos por otros cursos de formación bajo secreto sumarial y otros (los que afectan al dinero que los sindicatos se gastaron en comilonas y pancartas), investigados en otros juzgados. Además están los fondos que provenían de Europa o los de las ayudas a los discapacitados. Siempre en el mismo departamento: Empleo.

Entonces ¿Qué pasaba con el dinero de los parados en Andalucía? La teoría que se ha manejado desde que estalló hace más de tres años el escándalo de los ERE, y de la que hasta la juez Alaya se ha hecho eco, es que con ese dinero el PSOE, que lleva gobernando la Junta de Andalucía más de treinta años, garantizaba la paz social. Es decir, que con esos fondos, que el propio exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, bautizó como «fondo de reptiles», la Junta evitaba que, en una comunidad con cientos de miles de parados, hubiera problemas sociales.

Para ello el Ejecutivo tenía dos instrumentos: las ayudas sociolaborales (que degeneraron en el caso ERE) y los cursos de formación profesional (que han provocado la nueva investigación policial). Curiosamente ambos procedían siempre del mismo fondo, la Consejería de Empleo, que siempre parecía tener una ayuda o un curso de formación destinado a los desempleados. Mientras del primer caso se sabe que el dinero de los parados se usó de forma indiscriminada y con ausencia de procedimiento para beneficiar a amigos, personas cercanas al PSOE, mediadores, empresas, sindicatos, aseguradoras y hasta despachos de abogados, del segundo no ha salido más que la punta del iceberg. A falta de que se conozcan más datos se sabe que el Servicio Andaluz de Empleo usó el dinero de los parados para dar subvenciones para cursos sin control. Cursos por los que se pagaba el doble de lo estipulado y que, en muchos casos, o no llegaban a impartirse o se daban sin justificación.

Seguramente por eso la Junta decidió diluir la Consejería «podrida» al poco de estallar el primer escándalo. Fue otro de los preimputados, el expresidente andaluz, José Antonio Griñán, el que, con motivo de una remodelación gubernamental eliminaba la Consejería germen de los sumarios y la diluía en otra cartera más amplia: la de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que encargaba a uno de sus hombres de confianza, Antonio Ávila, hoy diputado y prácticamente desaparecido de la escena política desde que también fue preimputado.

Y después la Junta de Andalucía hacía otra maniobra. Hace justo un año, en abril de 2013, traspasaba las políticas de formación a la Consejería de Educación. Aunque el Servicio Andaluz de Empleo se quedaba en la nueva macroconsejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, los cursos de formación profesional se adscribían a las políticas educativas en un cambio difícil de entender dado que se trata de políticas dirigidas a desempleados. Con todo Empleo, el epicentro de los fraudes, quedaba diluido y escondido en una comunidad con casi millón y medio de parados. En cualquier caso este nuevo caso salpica también a los dos expresidentes andaluces ya que si la investigación se centra en cursos de formación entre 2007 y 2013. serían Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ya preimputados por los ERE, los salpicados.