Los frentes abiertos de la corrupción en Andalucía

Más de 150 imputados

La juez Alaya inició a principios de 2011 un macroproceso que acumula ya más de 150 imputados y que ha provocado la dimisión, por primera vez en la historia, de un presidente andaluz , José Antonio Griñán. El hilo del que empezó a tirar para descubrir el expolio de fondos públicos fue una grabación publicada por ABC que en 2009 desveló el cobro de comisiones a cambio de subvenciones de la Junta de Andalucía. El caso ERE es el tronco de un monumental escándalo que investiga el destino de un fondo opaco de la Consejería de Empleo que repartió 721 millones de euros de forma arbitraria entre una legión de empresas, prejubilados, sindicatos, abogados y conseguidores.

Un exconsejero imputado

La investigación que llevan a cabo en Málaga y con ramificaciones en otras provincias andaluzas recuerda al contenido de las diligencias que el juzgado número 4 de Algeciras instruye desde 2012. El «caso Natura» indaga en el destino final que tuvieron l as millonarias partidas que recibió una empresa para dar cursos de formación a desempleados en la Comarca del Campo de Gibraltar. La sociedad bajo sospecha, Natura, está integrada en la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (Forpe), ligada al exconsejero de Hacienda de la Junta, Ángel Ojeda. La denuncia de una profesora por presuntas irregularidades en materia laboral tan sólo fue el prólogo de un supuesto pufo de dimensiones mayores. Tras meses de publicaciones sobre los avances de las diligencias, la Junta movía ficha y le abría un expediente a Natura por presunto desvío de 1, 5 millones en 2010 -el mismo periodo sobre el que trabajan los investigadores de la UDEF en Málaga-. La Administración regional reconoce que esta entidad no ha justificado el uso de la subvención.

Facturas falsas y gastos en charangas

Como reveló ABC, UGT Andalucía utilizó una red de empresas y fundaciones, al frente de las cuales figuraban sus propios dirigentes, que emitían facturas por la prestación de servicios genéricos o ficticios como el alquiler de aulas y de equipos informáticos que supuestamente servían al sindicato para justificar ayudas de formación financiadas por la Junta y la UE. El caso está en vía judicial.

También se investiga otro supuesto desvío de fondos públicos por parte del sindicato CC.OO. relacionado con dos ayudas de la Junta para prevención de riesgos laborales, que suman un millón de euros. Parte de los fondos se emplearon en pagar la actuación de una charanga en una manifestación, pancartas, alojamientos de militantes y los viajes de una sindicalista de Málaga a Sevilla. Están imputados Esther Azorit, una exalto cargo de la Junta, y el secretario andaluz de Organización de CC.OO.

Ayudas a la contratación

Juzgados de Sevilla, Málaga y Granada investigan a media docena de empresas que supuestamente se lucraron con fondos públicos para emplear a discapacitados. Recibían las subvenciones de Empleo para contratarlos y a continuación los despedían sin otra causa que el no haber superado la fase la prueba. Pero no devolvían las ayudas. Es la guinda más sórdida de este pastel de la corrupción.