El nombramiento de Ángeles Carmona enciende a los vocales progresistas

Una de las quejas de los vocales, que todavía no está claro que reflejen por escrito, es la reciente decisión de la Comisión Permanente del CGPJ de pedir un informe al Servicio de Inspección y al Gabinete Técnico ante la solicitud de los vocales Rafael Mazo y María Victoria Cinto de ser liberados de carga de trabajo en sus juzgados. La decisión de la Comisión de pedir informes al Gabinete Técnico y a la Inspección del Consejo ha sido interpretada como un gesto de desconfianza, pese a contar ambos jueces con informes favorables de los tribunales donde desempeñan sus funciones como magistrados.

Respecto a la decisión de ayer de nombrar a Carmona, los vocales resaltan que no tienen nada en contra de su compañera, de tendencia conservadora, sino que lo que cuestionan fuentes del entorno de la vocal progresista Clara Martínez de Careaga es que Lesmes se habría comprometido con esta vocal a que sería ella, en su condición de vocal de la Comisión de Igualdad, la que presidiría el Observatorio. A ello se suma que ven cierta incompatibilidad entre la presidencia del Observatorio, órgano creado con vocación de neutralidad e independencia, y la condición de miembros de comisiones de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Carmona, secretaria judicial desde 1994,lleva destinada desde 2009 en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla, y desde noviembre de 2012 era jefa de la Unidad de Coordinación Territorial de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía. La vocal también es miembro de las Comisiones de Seguimiento de Violencia de Género y del Plan Director de Convivencia y Seguridad Escolar, ambas de la Delegación del Gobierno en su Comunidad Autónoma.

Además, en 2013 se incorporó como vocal representante de la Delegación del Gobierno al Observatorio de Violencia sobre la Mujer del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía y a la Comisión mixta de seguimiento del Convenio de colaboración para la actuación coordinada y la plena operatividad del punto de coordinación de las órdenes de alejamiento de la Dirección General de Violencia de Género de la Consejería de Justicia andaluza, informaron fuentes del Consejo.