Los fiscales de la Audiencia Nacional critican la reforma de la justicia universal

Los fiscales aprobaron por unanimidad el pasado día 19 un escrito de doce páginas, remitido al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, en el que detallan las «negativas consecuencias» para investigar delitos cometidos fuera de España de la reforma, cuyas limitaciones a la justicia universal podrían ser, a su juicio, inconstitucionales.

Los fiscales destacan que su aprobación supondría el archivo «de forma indiscriminada» de la práctica totalidad de procedimientos de justicia universal abiertos en la Audiencia Nacional, entre ellos el de genocidio por la represión en el Tíbet contra dos expresidentes chinos.

El escrito, firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, afirma que esta reforma «no solo cercena sustancialmente las posibilidades de persecución de los delitos relacionados con las violaciones de derechos humanos», sino que también «limita notablemente la investigación y persecución» de otras actividades delictivas internacionales.

Estos delitos cuya investigación se verá afectada son, según los fiscales, los relacionadas con el terrorismo, tráfico de drogas, trata de seres humanos, piratería, prostitución y corrupción de menores, uso de nuevas tecnologías (pornografía infantil o ciberdelincuencia) y secuestro de aeronaves, todos ellos, añade «estrechamente vinculados con el crimen organizado».

«La introducción de criterios tan marcadamente excluyentes del ejercicio de la jurisdicción de forma generalizada solo contribuirá a generar espacios de impunidad en la persecución de tales delitos, a neutralizar la respuesta judicial y la capacidad de investigación de tales fenómenos criminales», asegura el escrito remitido a Torres Dulce para que éste lo envíe al Ministerio de Justicia.

Los fiscales destacan que la reforma de la justicia universal, es decir, de la capacidad de un juez español para juzgar determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional, «contiene aspectos claramente contradictorios con los convenios internacionales y no garantiza suficientemente los derechos de las víctimas», y llega a afirmar que las limitaciones a investigar estos delitos «pueden ser en cierta medida inconstitucionales».

El escrito critica que la reforma aplique un tratamiento diferente al criterio de la nacionalidad de las víctimas dependiendo del delito a perseguir, de manera que solo en el caso de terrorismo y trata de seres humanos es suficiente con que la víctima sea española para que los tribunales nacionales puedan investigar.