Ofensiva judicial de Mas contra los periodistas críticos con la secesión

En su informe, el CAC concluía que «las emisiones efectuadas por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual 13TV e Intereconomía TV constituyen una infracción muy grave» atendiendo a que «de forma manifiesta fomentan el odio, el menosprecio o la discriminación por motivos de nacionalidad u opinión».

Tras conocerse el informe encargado por la Consejería catalana de Presidencia, dirigida por Francesc Homs, PPC y Ciudadanos reclamaron el cierre del CAC por su «uso partidista». Ahora, los hechos están en manos de la Justicia, aunque ni Terstch ni Arrimadas, consultados por este diario, habían recibido notificación alguna. De la afición del Gobierno catalán a señalar a periodistas que no comulgan con el ideario independentista da cuenta el informe encargado a la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramon Llull sobre la tendencia ideológica de medios de comunicación catalanes, nacionales e internacionales. El encargo partió también del departamento de Homs, el mismo que ha enviado cartas a las embajadas españolas advirtiendo de que la prohibición de una consulta sobre la independencia de Cataluña podría acabar en una situación similar a la que está viviendo Ucrania.

En este sentido, el pasado mes de diciembre, el diputado de ERC Joan Tardá amagó con «convertir la plaza Sant Jaume en una plaza Tahrir» para impulsar desde la calle el proceso soberanista, una amenaza que el gobierno de la Generalitat no se toma nada a broma. Lo explicó ayer el presidente Artur Mas , que se valió de esta amenaza para advertir a quienes se oponen a la celebración de una consulta de que la situación que el veto al referéndum puede generar será «más preocupante» que la actual, «dado el grado de movilización del país». Con el precedente de las masivas manifestaciones de la Diada de 2012 y 2013, el temor a que sea la calle la que acabe por desbordar a los partidos está muy presente en Cataluña. En este sentido, y ante una nutrida representación de empresarios, ante los que volvió a reclamar que no se desentiendan del proceso soberanista, Mas pidió al Gobierno que autorice la consulta, convencido de que «si a esto no se le da una buena salida, es evidente que el problema no desaparecerá».

En un almuerzo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y por Deloitte, Mas quiso responder también a los empresarios que, por un lado, le dan un plantón tras otro ante su pretensión de incorporarlos a la causa soberanista, y, por otro, exigen que el «proceso» se resuelva desde el diálogo, como hicieron el lunes la CEOE y Fomento del Trabajo. Matizando en parte sus palabras, pero sin dejar de replicarles, Mas señaló a los empresarios que «el diálogo sin más no es suficiente», acotando en todo caso el terrreno al que debe producirse ese diálogo con el Gobierno a determinar las condiciones para celebrar la consulta.