El salto a la valla de Melilla, solo once días después del drama en Ceuta

El suceso de hoy recuerda, inevitablemente, a la tragedia acontecida en Ceuta hace escasos días y tras la que al menos 15 personas ya han perdido la vida . Precisamente, este fin de semana los servicios de rescate localizaban los cuerpos sin vida de otros dos inmigrantes junto a una playa de la zona y que elevaban el número de víctimas. Los fallecidos, según fuentes de la Guardia Civil, responderían a un perfil de jóvenes de entre 20 y 30 años y sin identificación alguna.

Los sucesos acaecidos en Ceuta el pasado día seis no han estado exentos de polémica debido al uso que las autoridades pudieron haber hecho del material antidisturbios para evitar el asalto. De hecho, horas después de la avalancha la oposición solicitó que el máximo responsable de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, fuera destituido por actuación durante el episodio. Fernández de Mesa, cuya versión de los hechos coincide con la también facilitada por el ministro del interior , Jorge Fernández Díaz, reconoció desde el primer momento que las autoridades hicieron uso de medidas antidistrubios para controlar la entrada de inmigrantes aunque, aseguró, en ningún caso se disparó contra nadie. «Lo que se hace es que, en el espigón, que es una prolongación de lo que son las aguas jurisdiccionales españolas, la Guardia Civil delimita las aguas de uno y otro país con pelotas de goma y disparos de fogueo», dijo Fernández de Mesa en declaraciones a Cope.

No en vano, la Fiscalía de Ceuta anunció ayer que solicitará al Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad autónoma que pida a la Guardia Civil todo el «material videográfico» que guarde algún tipo de relación con el suceso en la frontera. Por el momento, ningún representante institucional ha aseverado con rotundidad si existe o no imagen o audio alguno de los hechos que puedan aportar información sobre qué ocurrió exactamente en el espigón fornterizo del Tarajal.

También el PSOE ha pedido investigar «a fondo» el suceso. Antonio Hernando, secretario de Relaciones Institucionales del partido que lidera Pérez Rubalcaba, exigía este fin de semana al titular de Interior las grabaciones íntegras «y sin ediciones» de la tragedia. «¿Cuántos cadáveres tienen que aparecer para que Rajoy deje de amparar a quien dio la orden de disparar?», se preguntó el político en rueda de prensa.

La utilización de material antidisturbios por parte de la Guardia Civil para hacer frente a los asaltos masivos a las vallas de Ceuta y Melilla son moneda corriente desde 2005, sin que hasta ahora hayan provocado controversia política alguna. Una decena de informes de ese año y de 2006, por tanto con el PSOE en el poder, a los que ha tenido acceso ABC, demuestran esta afirmación. No solo eso; en varios de esos documentos se da cuenta de la muerte de inmigrantes en situación irregular a lo largo de los incidentes, sin que entonces la oposición pusiera en cuestión el trabajo del Instituto Armado.

De hecho, un informe del 18 de septiembre de 2005 daba cuenta de los incidentes ocurridos en la valla de Melilla, entre el Zoco Had y el paso fronterizo de Farhana, cuando unos cuarenta subsaharianos intentaron entrar de forma ilegal a la Ciudad Autónoma: «La actitud de los inmigrantes -precisa el informe- obligó a la Fuerza del Cuerpo al uso de material antidisturbios, lo que no impidió que un grupo de veinticuatro subsaharianos lograra acceder a la zona entre vallas, donde finalmente, y con la colaboración de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos, se logró controlar a los inmigrantes evitando que accedieran a territorio español». Poco más de una hora después se detectaba la presencia de dos personas en la parte exterior del vallado, muriendo una de ellas ese mismo día. Su acompañante dijo ignorar el origen de las lesiones.

En los resultados de las autopsias realizadas a los cadáveres de los subsaharianos encontrados en aguas españolas se hace constar que su muerte ha sido por asfixia por inmersión y no presentan daños que pudieran haber sido realizados por el material antidisturbios, lo que viene a certificar las declaraciones del máximo responsable de la Guardia Civil, Fernández de Mesa.