CGPJ, la mesa en la que todos se quieren sentar

El órgano de gobierno de los jueces y fue creado por la Constitución de 1978. Frente a otros modelos de gobierno del poder judicial de otros países, en España se optó por atribuir estas funciones a un órgano colegiado y autónomo para garantizar la independencia del juez frente a posibles injerencias procedentes de un órgano del Ejecutivo (Ministerio de Justicia) que gestiona todo lo relativo a los derechos y deberes del juez. Pero lo cierto es que la propia composición del CGPJ (doce jueces y ocho juristas «de reconocido prestigio» y que provienen de otras profesiones) ya apunta a que el Consejo no es un órgano de autogobierno de los jueces . Sí se puede decir, sin embargo, que es un órgano autónomo, en el sentido en que el ordenamiento jurídico le reconoce un estatus que le garantiza el ejercicio de sus competencias con un régimen de autonomía, sin subordinación a los demás poderes y órganos del Estado.

El Consejo tiene competencias en relación con la organización y funcionamiento del sistema judicial, como la inspección de Juzgados y Tribunales; recoge las quejas sobre el funcionamiento del sistema judicial; tiene potestad reglamentaria en relación con determinados aspectos de la organización de los órganos judiciales, y ejerce una labor consultiva con la elaboración de informes sobre normas jurídicas que afectan al funcionamiento de la Administración de Justicia. Además, y dentro de las competencias para garantizar la independencia judicial, toma decisiones relativas al estatuto profesional de los jueces y puede imponer sanciones disciplinarias.

Nombramientos judiciales

Pero una de las funciones más tentadoras para los partidos que proponen a los vocales es la potestad del CGPJ para seleccionar a los jueces que van a desempeñar la labor judicial y para nombrar a magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de tribunales superiores y audiencias provinciales. Paradójicamente se dejó en sus manos precisamente para garantizar la indepedendencia judicial, pero lo cierto es que las mayorías «políticas» condicionan estos nombramientos, en muchos casos paralizados al no reunir ningún candidato la mayoría reforzada que la ley exigía y que con la reforma de Gallardón se ha rebajado a mayoría simple.

Como adelantó ABC, en los próximos cinco años el nuevo CGPJ, de mayoría conservadora, tiene que renovar a 36 jueces del Supremo, casi la mitad de la plantilla del Alto Tribunal, compuesta ahora por 80 magistrados. A ellos se suma la renovación de otros 17 presidentes de tribunales superiores de justicia y 52 de audiencias provinciales. Muchos de ellos tendrán que ver casos relacionados con corrupción política, bien cuando se resuelvan hipotéticos recursos en el Supremo bien por cuestión de aforamiento, tanto en el Alto Tribunal como el los TSJ. Estos nombramientos cambiarán por completo el mapa judicial.