Estrasburgo, la máxima autoridad para la garantía de los derechos humanos en Europa

Los tribunales españoles están preparados para aplicar la resolución de Estrasburgo . La Audiencia Nacional estudiará una a una la situación procesal de los miembros de ETA que permanecen en prisión por aplicación de la «doctrina Parot».

Creado el 18 de septiembre de 1958, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se estableció en Estrasburgo con el fin de velar por el respeto de los compromisos adquiridos por los firmantes en la Convención de Roma (1950) sobre los Derechos Humanos y Libertades fundamentales del Consejo de Europa.

Tres instituciones se hicieron cargo del control del tribunal : la Comisión europea de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de ministros del Consejo de Europa, compuesto por los ministros de Exteriores de los Estados miembros o de sus representantes.

Más competencias

Con el tiempo, Estrasburgo acumuló más competencias: dictar opiniones consultivas o que demandantes individuales elevaran su caso ante el Tribunal. Como el número de casos presentados terminó saturando al organismo y demorando las resoluciones, en 1998 se remplazó a los antiguos Tribunal y Comisión que funcionaba a tiempo parcial por un Tribunal único y permanente.

Con esta fusión, el TEDH permite a los residentes en los más de cuarenta países miembros del Consejo de Europa presentar una demanda ante el Tribunal, una vez agotadas todas las vías judiciales nacionales. Los 47 Estados miembros del Consejo de Europa están comprometidos con la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se someten a la jurisdicción de Estrasburgo, esto es, acatan y ejecutan sus sentencias.

El Tribunal se compone de cuarenta y cuatro jueces , que son elegidos por un periodo de seis años por la Asamblea del Consejo de Europa, hasta edad máxima de 70 años. Son independientes y no representan a ningún estado.

Otras sentencias contrarias

Además del «caso Inés del Río», Estrasburgo se ha pronunciado en varias ocasiones en contra del criterio de España . En 2008, el Tribunal dictaminó que el exjuez Javier Gómez de Liaño no tuvo un juicio independiente e imparcial cuando una Sala del Supremo lo condenó en 1999 por prevaricación en el caso Sogecable. O en 2006, cuando condenó a España por incumplir su demanda de suspender temporalmente la extradición a Perú de un supuesto miembro del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Sobre la «doctrina Parot» se han pronunciado hoy los 17 magistrados de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.