ETA, dos años sin entregar las armas

Pasados dos años desde que ETA declarase el alto el fuego definitivo , la organización terrorista no ha desmantelado sus estructuras ni entregado sus armas, como le demanda todo el espectro político excepto la izquierda abertzale que, no obstante, también vería con buenos ojos un gesto de la banda en ese sentido.

El Gobierno, firme en su posición de no dialogar con ETA, ha obviado los requerimientos de la banda para negociar los aspectos «técnicos» del desarme, que la organización terrorista desea tratar directamente con el Ejecutivo.

La falta de avances en este terreno hizo que en marzo de este año los miembros de ETA Josu Ternera, David Pla e Iratxe Sorzabal se vieran obligados abandonar Noruega, país que había permitido su presencia en espera de que pudieran darse nuevos pasos en el proceso de abandono del terrorismo, que sin embargo no llegaron.

En el ámbito de la política penitenciaria tampoco se han producido novedades en los últimos meses, en los que el Gobierno mantiene la fórmula que presentó en abril de 2012, consistente en facilitar la reinserción individual de los presos de ETA, bajo la condición de que se separen de la banda y se arrepientan, unas premisas que no acepta el colectivo de presos de ETA (EPPK).

Cerco a la izquierda abertzale

Pendiente de la resolución definitiva del recurso contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la llamada «doctrina Parot» , que podría derivar en la liberación de un buen número de importantes presos de ETA, la Justicia no ha levantado la presión sobre las estructuras próximas a los reclusos, como demuestra la operación contra la plataforma Herrira del pasado 30 de septiembre .

Esta operación ha sido considerada por la mayoría de partidos vascos y por el Ejecutivo autonómico como «un paso atrás» en una situación en la que la izquierda abertzale ha vuelto a la legalidad a través de la creación de Sortu, partido cuya inscripción fue avalada por el Tribunal Constitucional, aunque el Gobierno vigile sus pasos.

De hecho, esta formación ha nacido condicionada por las actuaciones judiciales contra la izquierda abertzale, ya que su secretario general, Arnaldo Otegi , sigue encarcelado y muchos de sus dirigentes actuales están siendo juzgados desde el jueves acusados de un delito de pertenencia a banda armada por la financiación de ETA a través de las «herriko tabernas».

Ante esta situación de aparente «bloqueo» el 27 de mayo de este año el llamado Foro Social para Impulsar el Proceso de Paz, en el que intervinieron entidades y partidos como Sortu y el PNV, estableció un itinerario para intentar propiciar nuevos pasos tanto por parte de ETA como del Gobierno.

Para ello, emplazó a la organización terrorista a acometer un proceso de desarme y desmantelamiento de sus estructuras militares, sin intervención del Estado, y abogó por la «reintegración» en la sociedad de los reclusos etarras de forma individual, tras renunciar a la violencia y reconocer el daño causado.

La izquierda abertzale acogió estas recomendaciones con reticencias, mientras que el colectivo de presos aún no ha respondido al emplazamiento del Foro, algo que se espera para las próximas semanas.