El Congreso tumba el intento de los nacionalistas de legalizar el «derecho a decidir»

En su iniciativa, Amaiur, ERC y el BNG, inscritos en el Grupo Mixto, pedían que el Gobierno incorporara al ordenamiento jurídico español el derecho a la libre autodeterminación de en el País Vasco, Cataluña y Galicia, y en concreto, planteaban que fueran los Parlamentos autonómicos los que lo ejerciera y los que pudieran abrir la puerta a la convocatoria de un referéndum de independencia.

Una de las defensoras de la proposición, la portavoz del BNG, Olaia Fernández Dávila, ha urgido al Gobierno de Mariano Rajoy a que reconozca de una vez el derecho de autodeterminación de Galicia en lugar de seguir «empeñado» en «eliminar la diferencia» y en su defensa del «café para todos», transfiriendo el mismo nivel de competencias a todas las comunidades autónomas.

De su lado, el representante de ERC, Alfred Bosch, ha destacado que ésta es la decimocuarta ocasión que su partido plantea sin éxito esta cuestión al Congreso en defensa de lo que considera un derecho «inalienable e irrenunciable» como lo es que los pueblos puedan decidir su futuro político, y ha advertido al PP de que, pese a su anunciado «no», la sociedad catalana acabará votando en una consulta y «ganando» porque tiene «razones» y «razón».

En esta misma línea, el portavoz de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo, ha criticado que el Gobierno utilice la Constitución como «escudo y armada» para negar el ejercicio a la libre determinación de naciones como el País Vasco, una reclamación «habitual, legítima y democrática», según sus palabras, y que lo haga bajo «amenazas e imposiciones».

La propuesta de los nacionalistas gallegos y de los independentistas catalanes y vascos sumó el respaldo del PNV pese a que su ponente, Emilio Olabarría, considera que se haya utilizado una iniciativa «débil» para la configuración de un derecho cuyo ejercicio en Euskadi ha sido «perturbado», según ha apuntado, por el terrorismo «cruel y asesino» de ETA.

De la iniciativa se desmarcaron los partidos catalanes de CiU e Iniciativa per Catalunya (ICV), que apoyan el derecho a decidir pero no están de acuerdo con la fórmula propuesta por ERC, Amaiur y BNG, ni aceptan que esas formaciones les digan cómo concretar la vía catalana al margen del Parlament.

Por contra, el portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, ha dicho lamentar las «carreras» de los nacionalistas vascos y catalanes para seguir a los independentistas y ha subrayado que «la secesión no es un derecho» y que violar la ley «no es democrático». «No hay un derecho a la ruptura de la convivencia», ha remarcado.

El PSOE, por boca de la diputada aragonesa Susana Sumelzo, ha querido dejar claro que no está de acuerdo con el derecho de autodeterminación por no estar contemplado en la Constitución y ha reiterado la oferta para reformar la Carta Magna: «Ni el retroceso ni la ruptura son la solución, pero tampoco el inmovilismo -sostiene-. La solución es la reforma de la Constitución, avanzando hacia el federalismo».

Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán ha justificado su rechazo a la proposición poniendo de relieve las «falacias y falsedades» de tipo jurídico que esconde el derecho de autodeterminación que demandan los proponentes, puesto que, según ha dicho, es un «engaño» asegurar que basta con que un territorio sea denominado nación por un determinado partido para que tenga los mismo derechos que un Estado constituido.