El Gobierno de Rajoy ultima 40 medidas contra la corrupción

El paquete de medidas incluye una reforma del Código Penal que incorpora, en primer lugar, la nueva regulación de la administración desleal que permite sancionar la contratación de servicios por un precio exagerado, la revisión de la regulación del delito de malversación que sancionará la celebración de contratos sin contraprestación , la revisión técnica de la regulación de la corrupción en los negocios, una revisión en profundidad de regulación del comiso, sancionará penalmente la conducta de quienes impiden la ejecución de las resoluciones que les condenan y regulará de una forma completa la creación de un tipo penal para los supuestos de falta de programas de prevención del delito que faciliten o no hayan evitado la comisión delictiva, según señaló el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Las medidas anticorrupción también afectarán a la ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos , la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y la Ley de Contratos del Sector Público. Además, habrá una nueva regulación de las funciones públicas que fijará la retribución de los cargos públicos, una reforma del Código Penal añadida, cuyo objeto será el endurecimiento de las penas asociadas a los delitos relacionados con la corrupción, incluyendo nuevas figuras como la financiación ilegal, mejorando el control de la falsedad deliberada de sus cuentas por parte de partidos políticos o el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electos.

Asimismo, se llevará a cabo una r eforma de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, de manera que puedan agilizarse los procedimientos judiciales en los que se enjuicia este tipo de delitos, logrando así que la condena tenga un efecto ejemplar, como explicó Gallardón.

El ministro de Justicia señaló que el anteproyecto, que todavía no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, establece en su artículo 195 la posibilidad de que cuando existan indicios bastantes que fundamenten la sospecha de que el encausado haya cometido algún delito castigado con pena de inhabilitación o suspensión de profesión u oficio en Función pública y exista un peligro concreto de reiteración delictiva durante la tramitación de la causa, el tribunal podrá acordar la medida cautelar de inhabilitación para el ejercicio de la correspondiente función.