García Revenga pide que se archive su imputación en el caso Nóos

En su petición, de doce páginas, el encausado defiende que no es posible «predicar acto concreto» por su parte en lo que a la gestión de Nóos se refiere, como tampoco en sus acuerdos, contratos o convenios, «en los que ninguna participación tuvo, ni tampoco beneficio económico», alega su defensa.

Del mismo modo, Revenga, quien fue imputado en el marco de esta causa el pasado mes de enero por las gestiones que habría llevado a cabo dentro de Nóos y el conocimiento que pudiera tener de las actividades desplegadas, recalca que el hecho de que su nombre figurase en un folleto publicitario de la entidad como miembro de la misma, «constituye una conducta de mero acompañamiento penalmente impune» .

Revenga recuerda, de hecho, cómo la providencia dictada el pasado 29 de enero para citarle a declarar en calidad de imputado «no atribuía hechos concretos de carácter delictivo» contra él , más allá de su vinculación formal a Nóos, «que no material», entre el 23 de septiembre de 2003 y el 20 de marzo de 2006. Es más, asevera que tampoco existe informe policial, administrativo tributario o escrito de cualquiera de las acusaciones personadas que tengan carácter incriminatorio.

En esta misma línea, añade que ninguno de los correos incorporados a la causa evidencian que «tuviera intervención, control o dominio sobre la gestión y las actividades del Instituto Nóos». Sin embargo, lamenta que desde el pasado 23 de febrero, cuando compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, asume el estatus de imputado en el marco de estas actuaciones.

La defensa del encausado, sobre cuya petición de sobreseimiento debe pronunciarse ahora el magistrado, subraya además que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares apreció el pasado mes de mayo que la conducta atribuida a su patrocinado «es penalmente irrelevante», descartando en concreto su imputación por un delito contra la Hacienda Pública, pues «no existe dato alguno que justifique la imputación de irregularidad fiscal alguna a Don Carlos García Revenga», como tampoco de un supuesto ilícito de tráfico de influencias.

En cuanto a un posible delito de prevaricación administrativa, apela a la imposibilidad de cometerlo por quien no tiene capacidad de resolver ni influir en la resolución de una autoridad competente, aseverando que «ni ha intervenido en las negociaciones, contactos o en la firma de los convenios de colaboración y en sus condiciones o en la actividad económica y en la gestión del Instituto Nóos, así como en los beneficios generados». La representación procesal de García Revenga señala por último tampoco concurren en su conducta presuntos delitos de malversación y de blanqueo de capitales, puesto que para ello la Sala Segunda ha apuntado a la necesidad de haberse manejado importantes sumas de dinero, a la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el origen del dinero o a la conexión con una actividad delictiva, lo que, incide, concurre en el caso de García Revenga.