El fiscal de Seguridad Vial niega que salga barato matar a alguien con el coche

En una entrevista concedida a Europa Prees, el Fiscal ha cifrado en cerca d e 100.000 las condenas anuales por delitos de Tráfico . Por ello, insiste en que «aunque la aplicación de la ley es muy mejorable, esta respuesta penal está consolidada». Así, el número de personas que está en la cárcel por homicidio imprudente en la carretera «se sitúa entre las 200 y 300 », mientras que la cifra aumenta «hasta los 800 o 900 si se incluyen los presos multirreincidentes en delitos de peligro».

«Quienes van a prisión, no reinciden»

Vargas explica que se trata de «una minoría» frente al 99 por ciento de los conductores que conducen bien . De la misma forma, asegura que «quienes salen de prisión tras cumplir una condena por delitos viales no vuelven a reincidir» y concluye que España se mueve «en sintonía» con los países de su entorno en una supuesta comparación sobre condenas por delitos de Tráfico.

«Debería haber más juicios por delito de homicidio imprudente y de lesiones»Por otra parte, Vargas ha reconocido que «debería haber más juicios por delito de homicidio imprudente y de lesiones» de los que hay actualmente y afirma que el nuevo texto que se avecina –que podría eliminar del Código Penal las faltas , que suponen cerca del 80 por ciento del total de condenas– «obligará a jueces, fiscales y policía de Tráfico, a esmerarse muy bien en la definición de lo que es imprudencia grave y a recabar las pruebas en relación a esa gravedad».

«La Fiscalía se está esforzando para que no vayan a juicio de faltas hechos que merecen una calificación de delito y un procedimiento penal con una investigación en profundidad», ha explicado Vargas, que insiste en que, sin embargo, «desde hace tiempo se viene detectando casos de este tipo». Por ello, exige mayores esfuerzos para cumplir con la «necesaria protección a las víctimas».

Al ser preguntado por casos como el de Ortega Cano –condenado a dos años y medio de cárcelo por homicidio imprudente–, el Fiscal insiste en que « no se distingue por nombres y apellidos » y añade que «es una más de las muchas penas que se imponen con similares hechos y similares penas». «Es lógica la queja de las víctimas, pero es al legislador a quien le corresponde marcar las penas. Más que lo elevado de las mismas, lo importante es que se apliquen con eficacia y que lleguemos a todos», ha aseverado.

De esta forma, Vargas apuesta por la eficiacia «en lugar de por penas más altas» y considera que «la aplicación de la condena es reeducadora, no estrictamente retributiva para satisfacer los lógicos deseos de las víctimas».

Los indultos «deberían ser motivados»

Asimismo, se ha referido al caso del kamikaze de Alzira (Valencia) –indultado por el Gobierno tras ser condenado a trece años de prisión por la muerte de un joven en la autopista AP-7 Polinyà del Xúquer en 2003–. En este punto, Vargas ha recordado que la Fiscalía informó en contra del indulto y que, aunque « la posición es de respeto al Gobierno », su reflexión es que «los indultos deberían estar motivados y para ello hace falta una reforma legal».

«Que se haya indultado una persona no significa que haya perdido eficacia la norma penal»De todas formas, el Fiscal advierte de que «el hecho de que se haya indultado una persona no significa que haya perdido eficacia la norma penal». «La facultad de indulto es una valoración que corresponde al Gobierno y el fiscal no puede jurídicamente discrepar. No tenemos legitimación para el recurso. Si la tuviéramos el Fiscal se hubiese planteado si recurrir o no», ha explicado.

Por último, ha reconocido el fracaso de la Fiscalía en el proyecto que contemplaba el uso del decomiso del vehículo como pena alternativa a otras condenas. « Hay que hacer autocrítica , no hemos logrado una gestión eficaz del decomiso», ha asegurado. Así, ha lamentado que la norma tenga una aplicación escasa y sentencia que «se decomisan muy pocos vehículos en España ». En torno a los 100 o 150 al año.

En este punto, el Fiscal de Seguridad Vial ha reclamado «medidas de reforma legal para dar una salida inmediata del vehículo para un uso público» y adelanta que se está llevando a cabo en Barcelona un proyecto para conseguir esa añorada gestión eficaz del decomiso. «Es una medida útil, educativa y simbólica. Es hacer ver al conductor que cuando el vehículo no se usa con sentido social y con responsabilidad revierte en la sociedad», ha concluido.